La diputada Nineth Montenegro recibió ayer la información completa de los beneficiarios de Mi Familia Progresa (Mifapro), luego de dos años de haberla solicitado por primera vez; sin embargo, de último momento trascendió que se presentaron 10 amparos en juzgados civiles para evitar que esos datos sean publicados.

Los datos llegaron ayer a manos de la legisladora, tras una larga espera y una batalla judicial, ya que la primera petición sobre esa información se hizo en el 2008.

Desde ese momento, el Gobierno utilizó diversos recursos legales que intentaban ocultar esa información, y esa estrategia le costó el cargo a Bienvenido Argueta, ministro de Educación, quien fue destituido por la Corte de Constitucionalidad (CC), por desobediencia.

Las cajas que contenían la información llegaron a la oficina de Montenegro a las 11 horas de ayer. Cada recipiente contenía tres cartapacios con los datos de cien beneficiarios.

La diputada, acompañada de su asesor, Leonel Lira, observó que los documentos llevaran la información solicitada, luego de que en dos ocasiones anteriores recibiera datos incompletos.

Además de las cajas, se entregaron varios discos con datos digitalizados de más de 471 mil beneficiarios de Mifrapro.

Montenegro prometió hacer una profunda fiscalización con apoyo de organizaciones sociales, y afirmó que no revelará los datos, salvo por casos en los que se detecten anomalías.

Añadió que la tardanza en la entrega origina sospechas sobre la veracidad de la información, pero que de igual forma fiscalizará con base en ella.
Accionan contra diputada

La legisladora había dado el fin de semana de plazo para que le fueran entregadas las listas completas, luego de que el viernes último estas llegaran en forma parcial; sin embargo, el viernes, sábado y domingo siguientes se presentaron en juzgados civiles 10 amparos contra Montenegro, para evitar que los datos sean publicados.

En el Juzgado Sexto de ese ramo se denegó una de las acciones, porque “las circunstancias no lo hacen aconsejable”.

Otros juzgados resolverían hoy y otros expedientes se presentaron en la CC.

Uno de los datos curiosos es que la mayoría de memoriales fueron tramitados por el abogado Francisco Javier González Corado, quien representa a personas residentes en Sajcavillá, San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

En los memoriales, los beneficiarios de Mifapro, quienes estampan sus huellas dactilares, dicen sentirse amenazados por la publicación de sus datos personales, como número de cédula y dirección.

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