La comisión de postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió un total de 259 expedientes de abogados que aspiran a ser parte de los 13 integrantes del tribunal que dirige al Organismo Judicial.
El número de candidatos fue dado a conocer anoche por Roberto Echeverría Vallejo, secretario suplente de la postuladora de Apelaciones. En relación a la elección de 2004, cuando participaron 322 aspirantes, en esta ocasión hubo 63 postulantes menos.
La postuladora de la Corte de Apelaciones (CA) reportaba anoche 702 candidatos, pero estaba pendiente de inscripción más de un centenar de abogados, por lo cual se estima que fácilmente se superarán los 800 expedientes.
Entre los candidatos a la CSJ hay varios abogados que ya ocuparon dicha magistratura, en anteriores períodos, como Marieliz Lucero Sibley, Otto Marroquín y Napoleón Gutiérrez.
Entre los actuales magistrados de la CSJ, quien llegó anoche a inscribirse fue Vladimir Aguilar; acompañó su hoja de vida con una colección de los libros que ha publicado.
También se inscribió la ex primera dama Raquel Blandón (vea: Expedientes ingresados).
Entre quienes buscan ocupar un puesto para integrar las Cortes de Apelaciones está el juez René Solís, a cargo del Juzgado Noveno de Instancia Civil, quien revocó un amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad a favor de Hugo Maul.
También figuran Mayra Velásquez Zárate, hermana del Fiscal General, Amílcar Velásquez Zárate; los ex fiscales Leopoldo Liu y Jorge Luis Donado; Byron Renato Durán, ex director de Migración (vea: Expedientes ingresados).

Inicia revisión
La postuladora de CA inició ayer la revisión de 294 expedientes, por lo cual el presidente Félix Serrano y la secretaria Mireya Barrera nombraron ternas para escrutar el cumplimiento de los requisitos.
Serrano explicó: “Para el jueves se tendrá que publicar en el diario oficial el listado con los nombres de los aspirantes que no cumplieron con los requisitos”. El presidente confirmó que se han revisado alrededor de 500 expedientes. Mientras que los de CSJ el proceso iniciará hoy.
Los abogados no desentonaron con la costumbre de dejar todo para última hora y ayer, minutos antes de las 5 de la tarde, cuando terminó el plazo para inscribirse, se agolpó un grupo de juristas, al cual le cerraron con llave la reja de ingreso al Centro Cultural Universitario, el cual durante toda la jornada estuvo abarrotado.
Cuando dicho recinto estaba colmado, un grupo de abogados increpó a Serrano por la lentitud para recibir los expedientes, los cuales, en algunos casos, eran muy voluminosos y había que foliar hoja por hoja.

El primer veto
La magistrada Rosamaría De León Cano se convirtió en la primera aspirante en ser vetada por el Movimiento Pro Justicia.
Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack, señala que el veto corresponde a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por sus resoluciones en el juicio por el asesinato de la antropóloga.
Hoy se espera el veto de la citada entidad contra Rolando Segura Grajeda.
Las acciones judiciales no concluyen ahí, pues el Movimiento Cívico Nacional (MCN) accionó por medio de amparos contra las votaciones secretas aprobadas por las postuladoras (lea: Accionan contra secretividad).

ACCIONAN CONTRA SECRETIVIDAD
El Movimiento Cívico Nacional (MCN) presentó, por la mañana, sendos amparos contra las resoluciones de las postuladoras de CSJ y de Corte de Apelaciones que aprueban las votaciones secretas en el proceso de selección de magistrados.
Las impugnaciones fueron planteadas en la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo civil, la cual remitió los amparos a la Corte de Constitucionalidad (CC) para una consulta por duda de competencia.
Por la tarde, el MCN planteó las acciones directamente en la CC, la cual podría conocerlos hoy. En los memoriales se señala que la secretividad viola los principios de publicidad y acceso a la información establecidos en la Constitución y en la Ley de Comisiones de Postulación (LCP).
Se propone como terceros interesados a la diputada Nineth Montenegro, ponente de la LCP, y a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

fuente: sigloxxi

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