La suerte de Bienvenido Argueta, ministro de Educación, fue definida ayer, al haber sido destituido por la Corte de Constitucionalidad (CC) porque incumplió la resolución de entregar a la diputada Nineth Montenegro los datos del programa Mi Familia Progresa.

Con seis votos a favor y uno en contra, el máximo tribunal también ordenó al Ministerio Público (MP) que accione para que Argueta sea procesado por desobediencia, en un juzgado de Instancia Penal.

Por la noche, en un mensaje de 2.18 minutos a la Nación, el presidente Álvaro Colom dijo que cumplirá la resolución de la CC.

El fallo se dio después de que Montenegro solicitó la destitución de Argueta por no acatar la instrucción de entregar los datos de Mifapro.

Los magistrados también ordenaron que el nuevo funcionario de Educación que nombre Colom, y el director Ejecutivo de Mifapro, deben entregar un informe detallado del programa.

El documento deberá incluir la lista de beneficiarios, con nombres y apellidos completos, dirección, número de cédula —con indicación del lugar donde dicho documento fue extendido— y monto recibido por cada persona.

Además, los funcionarios señalados deben detallar los lugares donde se impulsa ese programa —departamento, municipio, aldea, caserío, comunidad o centro poblado—, y que permita un control cruzado con la lista de los beneficiarios.
De inmediato

“Se declara el incumplimiento por parte del ministro de Educación, Bienvenido Argueta Hernández (…), en el que esta Corte otorgó amparo provisional a Nineth Varenca Montenegro Cottom, y como consecuencia de tal desobediencia se ordena la destitución ipso facto —de inmediato— del funcionario”, especifica el fallo.

La decisión fue avalada por los magistrados Juan Francisco Flores, Roberto Molina, Mario Pérez, Carlos Luna, Jorge Mario Álvarez y José Quesada.

Entretanto, el magistrado Alejandro Maldonado razonó su voto, con el argumento de que era a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a la que le correspondía ordenar la destitución del ministro, por ser primer tribunal adonde acudió Montenegro a solicitar el amparo para que Argueta le entregara la información.

En aquella ocasión, la CSJ negó la petición, por lo que la diputada apeló, en la CC, que el 22 de enero ordenó a Argueta proporcionar la información requerida.

Este es el segundo caso en el que el máximo tribunal ordena una remoción. El 29 de diciembre del 2004, la CC ordenó la de los integrantes de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, también por desobedecer un fallo.
Argumentos

Francisco Flores, presidente de la CC, expuso los argumentos del fallo de ese tribunal: “En el artículo 50 de la Ley de Amparo, claramente se señala que la consecuencia, ante la inobservancia de una resolución de amparo, es la separación ipso facto del funcionario que ha desacatado una orden judicial”.

Flores agregó que no se aplica el secreto bancario —como indicó Argueta— para no entregar los números de cédula, porque no es a una entidad bancaria a la que se le requiere la información detallada de Mifapro.

En informe presentado a la CC, Argueta manifestó que no entregaba los números de cédulas porque esa información fue clasificada como reservada por la cartera a su cargo, y fue proporcionada bajo garantía de confidencia.

Flores expuso que esos argumentos no tenían fundamento, porque la reserva fue posterior a la notificación del fallo de la CC.

Con relación a la confidencia, el fallo señala que en ese caso no se aplica, porque la información fue requerida por un funcionario de Estado que tiene la prerrogativa de solicitar esos datos para fiscalizar de qué manera se están invirtiendo los fondos del erario.

Flores enfatizó que el presidente debe respetar la orden de la CC, porque se está dando cumplimiento a lo que señala el artículo 50 de la Ley de Amparo.

“Gobernantes y gobernados están sujetos a la ley, y ninguna voluntad prevalece a la ley”, expresó el magistrado. Expuso que Argueta puede plantear un recurso de aclaración y ampliación, pero que ello no cambia el fondo del fallo.

El MP fue notificado ayer por la tarde de la resolución, e informó que iniciará las acciones legales correspondientes contra Argueta, como ordena la CC.

Prensa Libre buscó a Argueta en su despacho, pero no lo halló, y lo llamó a su celular, y tampoco respondió. Andrés Ramírez, director de Mifapro, no quiso hablar del asunto.

Postura
Ganó el estado de Derecho

La diputada Nineth Montenegro calificó el fallo de precedente histórico, porque es la única manera en que los funcionarios entenderán que deben respetar los fallos judiciales.

“El fallo de la CC está apegado a Derecho, y el que gana el pulso es el estado de Derecho, que está agobiado por la debilidad institucional y la autoridad individual de cada funcionario”, expresó.

Agregó que, como diputada, pidió ese informe al hasta ayer ministro Bienvenido Argueta, para fiscalizar cómo se estaban gastando los fondos del programa.

“No se vale que, amparándose en supuestas confidencialidades, no se quiera entregar datos para cruzar información y determinar si esos fondos se manejan bien”, aseveró.

Con seis magistrados a favor y uno en contra, la Corte de Constitucionalidad separó al funcionario por desobediente

Abogado
Apegado a ley

Mario Fuentes Destarac afirmó: “Creo que la CC lo que hizo fue aplicar la ley, porque lo que procedía era la destitución ipso facto, —de inmediato—, por lo que es una decisión apegada a la ley”. Al ser consultado respecto de si considera adecuada la actitud de Bienvenido Argueta, dijo: “Indudablemente no, porque no se puede desobedecer una orden judicial”.
Activista
Castiga secreto

Alejandro Quinteros, del Movimiento Cívico Nacional, destacó la lucha de la diputada Nineth Montenegro, y dijo: “La destitución castiga el intento de ocultar datos de Mifapro porque, independientemente de que el programa pueda ser bueno, con ocultar los datos han sembrado dudas sobre la posibilidad de que estén saqueando el Estado”.
Diputada
Golpe al gobierno

La diputada Roxana Baldetti, del Partido Patriota, expresó: “Hay que darle el crédito a la justicia, y decir que nadie es superior a la ley; esta destitución es algo histórico, y tenemos que agradecerle a la diputada Nineth Montenegro que no claudicó y llegó a las últimas consecuencias. Es un golpe duro para el gobierno, porque había órdenes superiores para no entregar la información”.
Presidente
Resignado

“El día de hoy, la Corte de Constitucionalidad destituyó a nuestro ministro de Educación, resolución que respetamos y que cumpliremos en todo su contenido”, declaró anoche Colom en un breve mensaje, en el cual elogió las capacidades de Bienvenido Argueta y de Mi Familia Progresa. Añadió que continuará a la defensa de ese programa.
Síntesis
Dos años de lucha

Larga batalla legal contra la intención del Gobierno de ocultar información para evitar la fiscalización del programa Mi Familia Progresa ( Mifapro).

• Desde que se inició el programa en el 2008, la diputada Nineth Montenegro empezó a pedir información sobre cómo se invierten los fondos del Consejo de Cohesión Social. Primero agotó la vía administrativa, por la Ley de Acceso a la Información Pública.

• El Ministerio de Educación se negó a proporcionar los datos de Mifapro.

• El 16 de octubre de 2009, Montenegro accionó en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que le negó el amparo. Entonces recurrió al contralor general, Carlos Mencos, al que solicitó fiscalizar ese programa.

• Mencos recibió del Mineduc información incompleta de beneficiarios de Mifapro, por lo que accionó en la CSJ, y luego ante la Corte de Constitucionalidad (CC), que ordenó entregar los datos completos.

• Montenegro siguió su reclamo el 22 de enero último, y la CC le amparó de manera provisional. El 4 de febrero, la CSJ ordenó al ministro Bienvenido Argueta ejecutar la orden de la CC. Este planteó un ocurso en queja y una enmienda de procedimiento contra el fallo. La CC lo declaró sin lugar, y el ministro entregó los datos incompletos a la diputada, por lo que la CC ordenó ayer su destitución.
Antecedente
Otra remoción

El 29 de diciembre de 2004, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó la destitución de los integrantes de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, por haber desobedecido un fallo respecto de un aumento de la Tarifa Social.

En esa oportunidad, además de la destitución, se ordenó la devolución del dinero cobrado por consumo de electricidad, según la reestructuración aplicada siete meses antes.

fuente: prensalibre

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