El Legislativo enmendará los errores que cometió al haber aprobado, por medio de reformas al Código Penal, sanciones para delitos electorales, pero sin contar con el aval de la Corte de Constitucionalidad (CC); a eso se suma que diversos sectores señalaron que esa norma también viola la Ley de Emisión del Pensamiento y riñe con el mandato del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Las modificaciones al Código Penal que emitió el Congreso a finales de febrero último, en donde se tipifican y fortalecen las sanciones contra delitos electorales, contienen una serie de ilegalidades que se originan desde la forma en que fueron aprobadas, hasta el contenido, según expertos consultados.

Al respecto, Roberto Alejos, presidente del Legislativo, afirmó que esa norma tiene errores, por lo cual preparan una iniciativa para corregirlos; sin embargo, elogió la intención del pleno de tomar medidas para sancionar los abusos de los políticos.

Constitucionalistas consultados calificaron de “aberraciones jurídicas” lo estipulado en el artículo 16 del decreto 4-2010, el cual se refiere a la campaña electoral anticipada.

Ese artículo establece que quien haga campaña electoral en cualquier medio de comunicación masiva antes de la convocatoria oficial del TSE será sancionado con prisión de cuatro a siete años y multa de Q20 mil a Q50 mil, lo cual incluye a quienes permitan que su nombre o símbolo sean publicados.

Por ello, Mario Fuentes Destarac, abogado constitucionalista, descalificó las enmiendas al señalar que son de mala calidad y atentan contra la libertad de expresión, porque cualquier medio, por cumplir su labor de informar, puede ser llevado ante los tribunales.

“Se criminaliza la política y se lleva la reforma a los extremos, porque incluye a los medios de comunicación. Sería prohibido publicar entrevistas o mencionar a alguien que tiene algún interés político-partidista. Los medios podrían incurrir en delito, y la consecuencia sería un castigo penal”, explicó Fuentes.

Alejandro Balsells, vicepresidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), también calificó de absurdas ciertas reformas, porque además de violar el procedimiento de aprobación, limitan a los medios de comunicación.

Enmendarán error a medias

Alejos compartió las críticas y admitió que fue un descuido haber aprobado la Ley con errores.

“Estoy preparando una enmienda, porque no toda la Ley es mala. Hay grandes aciertos que son opacados por los errores que debemos corregir. No podemos transgredir la libertad de expresión”, dijo.

No obstante, la enmienda que Alejos tiene entre manos no es suficiente, ya que hubo una grave violación del procedimiento, apuntó Balsells.

Añadió: “Se faltó al procedimiento porque la Ley Electoral es de rango constitucional, y para tipificar delitos electorales no se debió haber hecho con reformas el Código Penal. Debieron haberle pedido a la CC que emitiera su opinión al respecto. Es como contar de uno en uno hasta 10, pero el Congreso contó 1, 2, 3 y se saltó hasta el 10”.

A esto se suma que el TSE aún no ha fijado su postura respecto de este desorden, ya que, según la magistrada Patricia Cervantes, el pleno no ha tomado una decisión.

De esa cuenta, el Cedecon analizará hoy si es procedente presentar una acción de inconstitucionalidad, porque considera que “es una reforma de muy mala calidad”.

También Nineth Montenegro, secretaria general de Encuentro por Guatemala, refirió que las modificaciones fueron creadas para beneficiar los intereses de los partidos más grandes. “Quieren cancelar a los que somos pequeños, para sacarnos de la jugada”, aseveró.

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