El contralor general, Carlos Mencos, informó que impondrá sanción económica a los empresarios del transporte urbano, por no haber licitado en forma pública la adquisición del equipo para implementar el sistema prepago en el Transurbano

Los auditores de la Contraloría General de Cuentas (CGC) que supervisan la ejecución de los Q80 millones que el Gobierno autorizó para subsidiar la implementación del sistema prepago en el transporte, decidieron sancionar a los autobuseros porque no licitaron la compra de molinetes y lectores de tarjetas para poner en marcha el proyecto en los buses del Transurbano.

“Mi equipo todavía no ha determinado el monto exacto de la multa, pero no será menor a los Q50 mil, porque es dinero público y debe ejecutarse con transparencia”, aseveró Mencos ayer.

Informes preliminares dan cuenta de que los empresarios han recibido del Ministerio de Finanzas Q67 millones de los Q80 millones autorizados.

No obstante, no todo ha sido ejecutado, pero al menos el 50 por ciento de ese monto ya está comprometido, según registros.

Mencos afirmó: “Si bien no han gastado los Q67 millones que ya recibieron, sí tienen comprometidos en planes de pago una buena parte del dinero para el sistema prepago, pero deben publicar en Guatecompras los concursos”.

Los mismos transportistas han manifestado interés en que sea fiscalizada la forma en que se gastan los Q80 millones que el Estado les otorgó para implementar el sistema prepago, pero siguren negándose a publicar en el portal Guatecompras y a hacer públicas las licitaciones para adquirir el equipo necesario.

Fideicomisos para blindarse

El Gobierno autorizó, mediante un acuerdo, US$35 millones —unos Q281.7 millones— para implementar el sistema prepago, los cuales son ejecutados por la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU).

En el 2009 debieron haber recibido Q80 millones, pero solo Q67 millones han llegado a sus manos, además de los subsidios de transporte y seguridad, para un total de Q319.2 millones.

Una cantidad similar recibirá la AEAU este año, afirmó el Ministerio de Finanzas.

Sin embargo, para evadir la fiscalización de la Contraloría, la Asociación creó un fideicomiso con el Grupo Financiero de Occidente que manejará los US$35 millones; es decir, que una figura privada maneja fondos públicos, lo cual representará dificultades para rastrear la ejecución del gasto público, advirtió la Contraloría.

Siga insiste en datos

La Procuraduría de los Derechos Humanos recorrió ayer los centros de emisión de la tarjeta prepago Siga en Gran Vía, y las avenidas de La Reforma y Petapa, y pudo establecer que seguían solicitando datos, como la dirección completa del interesado o su estado civil.

Ofrece nuevo formulario

Sergio Vásquez, de Relaciones Públicas del Siga, explicó que el formulario que se debe llenar por ahora es temporal, y que lo cambiarán en los próximos días.

Añadió: “Donde se soliciten los datos correctos; es decir, la presentación de su cédula, para corroborar sus datos; su dirección, entendiendo como un lugar geográfico; su fecha de nacimiento y su Número de Identificación Tributaria”.

Sin embargo, en las oficinas centrales, en la Avenida de La Reforma, Prensa Libre comprobó que en todas las mesas de atención los empleados copiaban los datos directamente de la cédula, como estado civil y la dirección completa, incluido el nombre de colonia, entre otros.

Mientras los empresarios gastan a manos llenas y los usuarios buscan hacerse de una tarjeta que les permita transportarse, las dudas no dejan de aflorar.

fuente: prensalibre

Te gusto? compartelo: