La diputada Nineth Montenegro entregó al contralor Carlos Mencos una investigación que demuestra que se utilizaron servicios de abogados que habrían promovido más de 60 amparos en su contra por la fiscalización de los programas de Cohesión Social.

La legisladora expresó a Mencos que los abogados Léster Haroldo Flores Arana, contratado por la comuna de Palencia; Francisco Javier González Corado y Carlos Enrique Román Figueroa, contratados por el Ministerio de Comunicaciones, interpusieron alrededor de 60 amparos en su contra.

“Utilizaron dinero del Estado para pagar los honorarios de abogados que hicieron firmar documentos en blanco a beneficiarias de los programas de Mi Familia Progresa”, dijo.

Los amparos en contra de Montenegro fueron interpuestos por beneficiarios del programa Mi Familia Progresa.

González afirmó: “Yo asesoré a algunas personas que acudieron a mi como abogado, pero esas acciones nunca nacieron a la vida jurídica. Esas personas lo hicieron en forma particular y solo en un día”.

“Ahora asesoro en la Unidad de Vivienda Popular. Mi contrato es por trabajar con personas que necesitan vivienda. Incluso mañana —hoy— tengo reuniones con algunos de ellos”, refirió.

La legisladora presentó un video en que el contralor escuchó el testimonio de una beneficiaria de los programas de Cohesión Social afirmó que sufrió amenazas de que se le suspendería el beneficio de la bolsa solidaria si se negaba a firmar las hojas que se utilizaron para redactar los memoriales en su contra.

Solicita pesquisas

Montenegro pidió a Mencos investigar quién autorizó el gasto de más de Q86 mil para a esos profesionales y si todavía trabajan para el Estado.

Los abogados mencionados aparecen registrados en el Sistema Integrado de Administración Financiera y Control SIAF-SAG.

De los 60 amparos, unos 10 han fueron denegados, y se impuso el pago de costas judiciales a los beneficiarios y multas de Q1 mil al abogado que auxilió.

En el Ministerio de Comunicaciones y la comuna de Palencia afirmaron que desconocen si los referidos abogados laboran con ellos.

Édgar Rosales, vocero del Consejo de Cohesión Social, dijo: “Como en otras oportunidades, la diputada Montenegro miente, porque no hay ninguna estrategia para bloquear sus actividades. Las beneficiarias están ejerciendo su derecho de defensa”.

“Es un insulto a la inteligencia de las beneficiarias que se diga que son coaccionadas para firmar en blanco, porque por el hecho de ser pobres no se debe asumir que no saben ejercer sus derechos”, expuso.

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