El Organismo Judicial (OJ) erogará más de Q7.4 millones para pagar prestaciones laborales, incluyendo indemniza-ción, a los 13 ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia del período 2004-2009, quienes entregaron sus cargos el 13 de octubre.
La Sección de Nóminas y Planillas del OJ indica que los cálculos de las prestaciones se realizan según lo establecido en el Pacto Colectivo de Condiciones Laborales. Incluso, se otorga un bono denominado “incentivo por buena conducta”, equiva-lente a dos meses de salario.
El ex magistrado Augusto Eleázar López Rodríguez es quien recibirá el monto más elevado, pues le corresponden Q758 mil. Le siguen Beatriz De León, con Q753 mil y Óscar Vásquez con Q711 mil (vea: Jugosa despedida).
Quien menos percibirá es Vladimir Aguilar Guerra, quien recibirá Q238 mil, debido a que sólo laboró un año y dos meses.
El ex presidente de la CSJ, Carlos Chacón Torrebiarte, indicó que la indemnización se establece en el Pacto Colectivo para magistrados de la Corte Suprema y de salas de Apelaciones. “Nosotros no lo decidimos en ningún pleno, está en la Ley, no conozco el monto exacto, ya que no se me ha pagado”, explicó.

Postura variable
En julio, Siglo Veintiuno publicó que los magistrados de la CSJ no cotizaban en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) porque un Acuerdo de la Junta Directiva del Seguro Social los excluía y porque los juzgadores no eran considerados “trabajadores”.
Sobre este punto se pronunció Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack. “No tiene sentido, ellos mismos son quienes no quieren ir al IGSS, sino que se van a los privado, se estaban desconociendo como régimen laboral, entonces cómo es posible que para unas cosas sí son trabajadores y para otras no”, reprochó.
Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, indicó que dichos privilegios son una contradicción y le pide a la nueva CSJ que defina dicha situación. “Cuando hay privilegios, entonces sí son parte (de los trabajadores), pero cuando no, no son”, señaló Marroquín.
El abogado Ricardo Sagastume presentó en la Corte de Constitucionalidad un amparo al considerar que “el derecho de in-demnización aparece como una condición en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, pero no sirve para fijar montos para el patrón (sic)”.
Sagastume reitera que “se reconoce el derecho a los trabajadores, pero no es a favor del patrono”.

Tareas pendientes
La Cámara de Amparos y Antejuicios de la CSJ heredó a los nuevos magistrados un cúmulo de amparos retrasados, equivalente al 74% de las acciones presentadas en 2009.
A la nueva CSJ le toca resolver 780 de los 1,056 amparos recibidos en lo que va del año. Dicha cámara sólo emitió 109 sentencias, equivalente al 10% de las acciones presentadas.
“No se ganó, no se tuvo un desempeño adecuado y, por lo tanto, no se puede decir que son magistrados merecedores de un trato preferencial que se les está dando; contribuyeron a incrementar niveles alarmantes de impunidad”, aseguró Ibarra.
Marroquín concuerda con Ibarra y refiere que “si se pagara con base en desempeño, evidentemente es mucho para lo que se logró hacer y contribuir al país”, pero considera que no se les puede negar el derecho, porque “está contemplado en la Ley”.

780
AMPAROS SIN RESOLVER
dejaron los magistrados de la anterior Corte Suprema de Justicia.

“Nosotros no lo decidimos en ningún pleno, está en la Ley, no conozco el monto exacto, ya que no se me ha pagado”.
Carlos Chacón Torrebiarte
Ex presidente de la CSJ

“Se estaban desconociendo como régimen laboral, entonces cómo es posible que para unas cosas sí son trabajadores y para otras no”.
Carmen Aída Ibarra
Fundación Myrna Mack

fuente: sigloxxi

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