Pese a que en abril último entró en vigor la Ley de Acceso a la Información Pública, se mantuvieron las dificultades para obtener datos de la administración estatal, afirmaron conocedores del tema, mientras el Ejecutivo se califica con altos porcentajes.

Los expertos afirman que faltan muchos retos para cumplir en forma adecuada la Ley, como publicar toda la información de oficio y evitar los trámites engorrosos.

La Comisión para la Transparencia y el Combate de la Corrupción de la Vicepresidencia coordinó durante meses un Ejercicio de Autoevaluación del Grado de Cumplimiento de la Información Pública de Oficio, el cual obtuvo un desempeño de 79.9 por ciento en los ministerios, y 62.5 en las secretarías.

La publicación de algunos planes operativos anuales y contratos de mantenimiento son los que tiene pendientes el Gobierno, de acuerdo con el estudio.
Cumplimiento es menor

Una de las ponentes de la Ley de Acceso a la Información, Nineth Montenegro, refuta esas cifras y afirma que, al contrario, ese 80 por ciento es de incumplimiento.

“La Ley de Acceso a la Información no ha sido realmente implementada, al revés (no se ha cumplido), en un 80 por ciento. Utilizan la ley para retardar más la entrega de datos y (lo hacen) parcialmente”, señaló la parlamentaria.

Montenegro añadió que las entidades utilizan los 10 días de tiempo de respuesta que ordena la ley para retardar la entrega de información; se cumple en forma parcial.

Alejandro Urízar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, expuso que esos porcentajes son similares a lo que esa organización verifica, aunque persisten los retos de agilizar procesos y publicar todo a tiempo, y que municipalidades y organizaciones no gubernamentales que administran fondos públicos aún son las menos transparentes.
Es solo el principio

El analista y sociólogo Gustavo Berganza considera que la aprobación de una normativa específica es positiva para el país, porque hasta ahora la población vive en una cultura de secretismo y poca rendición de cuentas de la burocracia.

“Es un paso grandísimo que por primera vez tenemos una ley. Van nueve meses de vigencia, y en ese tiempo no se puede pretender que haya un cambio total de la cultura del secretismo”, refirió.

Berganza calcula que dentro de 10 ó 15 años la ciudadanía habrá aprendido la importancia de pedir cuentas a las instituciones.
Acciones en contra

Las resoluciones que clasificaron determinada información para no ser conocida por el público no se hicieron esperar, además de deficiencias en la publicación de datos que, de oficio, deben aparecer en las páginas web de las instituciones.

El Ministerio de Comunicaciones fue el primero que no informó acerca de procesos técnicos o informáticos para calcular la calificación de ofertas presentadas por contratistas.

Varias municipalidades, como la de Cuilapa, Santa Rosa, le siguieron, al resolver que la cantidad de empleados y sus sueldos no serían divulgados.

La crítica más contundente se la llevó la Presidencia, cuya Secretaría Privada publicó en el Diario de Centro América que la correspondencia, los informes y otros asuntos dirigidos al presidente Álvaro Colom y funcionarios cercanos serían privados.

Debido a la oposición generalizada, esa normativa fue derogada semanas después.

“La Ley de Acceso a la Información no ha sido realmente implementada; al revés, en un 80 por ciento”.

Nineth Montenegro,

Diputada.
Opacidad

Durante el año, varias instituciones del Estado evidenciaron su intención de ocultar datos, al crear resoluciones o disposiciones que clasificaban como “reservada” informa- ción pública.

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