Con el nuevo paquete fiscal, presentado el viernes último a la Comisión de Finanzas del Congreso, el Estado recaudaría Q1 mil 100 millones, casi Q2 mil millones menos que la propuesta que había presentado en noviembre y que está en discusión con el sector privado en la mesa fiscal de diálogo del Ejecutivo.

La nueva iniciativa de ley, entregada por el ministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes, es una mezcla de las dos propuestas que el gobierno de Álvaro Colom intentó aprobar en el 2009, que fueron rechazadas por el sector privado.

El documento, al que Prensa Libre tuvo acceso ayer, se denomina Reforma tributaria integral, y contempla reducciones del régimen optativo del ISR, de 31 al 28 por ciento en el 2011, y al 25 por ciento a partir del 2012, mientras que el régimen general se incrementaría del 5 al 6 por ciento durante este y el próximo año, y quedaría en 7 por ciento desde el 2012.

El ISO —que grava las ganancias netas— se incrementaría del 1 por ciento al 1.5, y los impuestos de Circulación de Vehículos y primera matrícula subirían gradualmente, y se excluyó gravar el minuto de tráfico de la telefonía móvil, que en noviembre se propuso sería de Q0.15.

Se ampliaría la base

El auditor Óscar Chile Monroy explicó que ambos regímenes del ISR aplican a todos los contribuyentes, excluyendo a empleados en relación de dependencia, por lo que con esa acción el Gobierno buscaría ampliar la base tributaria.

“Si se aumenta el régimen general, quien esté ahí va a querer trasladarse al optativo, porque hay una reducción y se ampliaría esa base”, refirió.

Una fuente gubernamental que pidió el anonimato dijo: “Los aspectos más importantes es que además de buscar una reforma integral al ISR, se incluyen elementos para endurecer sanciones al contrabando; se dejó fuera el impuesto a la telefonía y se verá cuáles gastos son deducibles y cuáles no del IVA de pequeños contribuyentes”.

Añadió que por ahora la propuesta cuenta con más de 170 artículos, y se busca que se apruebe antes de Semana Santa, pues el funcionamiento del Ejecutivo entero “está en riesgo” desde mayo, por la falta de ingresos.

Manzana de la discordia

El proyecto también fue presentado ayer en la mesa fiscal de diálogo del Ejecutivo, pero tiene elementos de acuerdo y desacuerdo, informó Carlos Amador, representante del sector privado en dicha instancia.

“Hay algún consenso en todo lo que es antievasión. Se han ido evacuando los temas que fueron los que presentó el ministro el viernes por la noche o durante el fin de semana al Congreso. El punto toral donde no hay acuerdo es en el incremento de tasas”, comentó Amador.

Además, el empresariado continúa con la exigencia de que el Gobierno defina los topes en la readecuación del presupuesto cuanto antes, y Amador dejó en suspenso cuánto tiempo más continuará la mesa fiscal reuniéndose para alcanzar un acuerdo definitivo antes de que el oficialismo comience en el pleno la discusión del paquete.

“Esa es una buena pregunta…”, se limitó a decir Amador.

Alejandro Arévalo, de la Comisión de Finanzas del Congreso, aseguró que dicha propuesta fue entregada por Fuentes Knight al presidente de esa sala, Mario Taracena, quien en los próximos días se las dará a conocer.

Ni Fuentes ni Taracena respondieron sus celulares.

“Sí sabemos que existe esa iniciativa; el ministro quedó de que nos la iba a enviar, pero no la hemos recibido como Partido Unionista”, refirió Arévalo.

Además, la aprobación de los bonos, por Q4 mil 500 millones es el primer paso para que el Ejecutivo obtenga recursos, e inmediatamente después se aprobaría la nueva reforma fiscal.

La reforma fiscal y los bonos buscan el déficit presupuestario de Q7 mil millones.

fuente: prensalibre

El presidente Colom brindo estas declaraciones durante la inauguración de extensión de cobertura para los afiliados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS-, en el departamento del Progreso, quienes a partir de ahora contarán con programas para atender enfermedad y maternidad. Esto se suma a los esfuerzos que se han hecho en esta gestión para garantizar la salud a toda la población.

En las próximas semanas la cobertura del IGSS se ampliará en el departamento de Petén, anunció el mandatario, terminando de cubrir todo el territorio nacional.

Otro de los proyectos en que el presidente Colom está trabajado conjuntamente con autoridades del IGSS es que cuanto antes, el seguro social cubra a los hijos de afiliados hasta los 7 años, y no hasta los 5 como se hace actualmente. De esta manera, se atendería a 125 mil niños más.

“Estos avances los tenemos que consolidar y defender, al igual que los programas sociales”, aseveró el mandatario y agregó “me da gusto que cuando finalice nuestro gobierno toda Guatemala contará con cobertura social”.
Luego, invitó a alcaldes y pobladores para trabajar todos juntos, especialmente por la gente que más necesita en el país y mantener los cambios en salud y educación.

El gerente del IGGS, Alfredo Del Cid Pinillos, aseguró que en los últimos años se han hecho cambios sustantivos dentro de la institución logrando la extensión de cobertura para los afiliados y la construcción de nuevos centros médicos.

La extensión de cobertura en el departamento Del Progreso, permitirá a más de 17 mil personas entre niños, pensionados y jubilados contar con atención materna, consulta externa en medicina general, especialidades, tratamientos quirúrgicos, servicios que estaban ausentes desde hace 62 años.

Inversión en infraestructura

“Cambios significativos como la interconexión con México, la construcción de la carretera que conduce de San Julián a El Estor, la Franja Transversal del Norte, son señal que Guatemala está cambiando” aseguró el presidente ya que él está trabajando en las áreas en donde nunca se había llegado.

El presidente adelantó que están por finalizar los trabajos de construcción de 300 aulas, que serán las primeras de las más de 14 mil que se requieren para atender la afluencia de estudiantes en el sector público gracias a la gratuidad.

Así lo indicó, el Superintendente de Bancos, Edgar Barquín, ya que al contar con estos datos se integra una estrategia de transparencia financiera de prevención contra el lavado de dinero, facilitando a la IVE la realización de investigaciones.

Como muestra de éste procedimiento, el intendente dio a conocer que hace una semana se presentó una denuncia al Ministerio Público, por empleo de tarjetas prepago en acciones delictivas, obteniendo como resultado la captura de una persona.

La tarjeta prepago SIGA, es un nuevo procedimiento para el pago del transporte urbano, que descuenta el valor del pasaje, evitando que tanto usuarios como pilotos manejen efectivo, reduciendo los índices de asaltos y extorciones en los buses.

Para la implementación de éste sistema, el Gobierno de Guatemala invirtió Q. 280 millones en la compra del equipo para su implementación.

Expertos consideran que la disposición viola la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, porque no cumple con los requisitos sobre la prueba de daño, con la cual se puede establecer la reserva de información. Esto se suma a acciones similares en los ministerios de Educación, Defensa, Gobernación, la Presidencia y comunas, los cuales intentan ocultar información pública.

Incluso señalan que los últimos hechos de corrupción en el Ministerio de Gobernación utilizaron esa figura para esconder los fraudes.

En secreto

La resolución 1599 del Mineco autoriza a las empresas que se rigen por la Ley del Sistema Nacional de Calidad a mantener como confidencial la información sobre solicitud de acreditación de laboratorios, organismos de certificación y de inspección presentada a dicha oficina y los informes de evaluación de la Oficina Guatemalteca de Acreditación.

También declara confidencial por 18 meses las patentes de invención y modelos de utilidad, establecidas en la Ley de Propiedad Industrial, y por 12 meses los diseños industriales.

A lo interno del Mineco también se declaró confidencial la información personal de los empleados, y ocultan los datos contables de empresas o asociaciones, en el Programa Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas.

Impunidad

Sin embargo, lo más sobresaliente para los economistas y politólogos es que el Estado le haya dejado la puerta abierta a maquilas y empresas que se benefician de exenciones fiscales — mineras y petroleras—, para que clasifiquen como información confidencial todo tipo de datos, de acuerdo con el numeral cinco de la resolución.

La economista Reny Bake opinó: “Habría que ver si no es mejor eliminar todo tipo de exoneraciones fiscales a distintos sectores y establecer un impuesto único para todos, ya sean personas o empresas. Así se eliminaría el incentivo de buscar formas de reducir pago de impuestos y la posible manipulación política de esos incentivos”.

Doble discurso

David Gaitán, coordinador del Programa de Acceso a la Información Pública de Acción Ciudadana, describe que la resolución carece de fundamento legal y se contradice en términos técnicos.

“Cualquiera que presente un recurso de revisión logrará que se revoque la resolución”, afirmó.

Agregó que no le extrañará que el Mineco se retracte o se comprobará que el Gobierno carece de políticas de transparencia.

Las críticas contra el gobierno de Álvaro Colom aumentan, ya que, de acuerdo con el politólogo Pedro Trujillo, el mandatario no ha hecho nada por transparentar la administración del Estado, y ello se refleja en la historia de las dependencias que han pretendido clasificar todo tipo de información.

fuente: prensalibre

Esta decisión se ha tomado tras una ardua jornada de trabajo celebrada en la capital salvadoreña, en la que los Jefes de Estado de los tres países centroamericanos han acordado que las decisiones políticas de cada país no deben entorpecer las relaciones comerciales.

Éste mismo llamado se hará a otros entes internacionales como la Organización de Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. A éste último, se le planteará el aporte de financiamiento para fortalecer la integración de la región y el desarrollo de políticas públicas, que favorezcan a la misma.

Otro de los resultados de la reunión, es la promoción de trabajo en un proyecto conjunto de seguridad en la región, que aborde políticas sociales de Centroamérica, a lo cual, darán seguimiento en Tegucigalpa la primera semana de abril.

No obstante, las Cancillerías de los países interesados coordinaran reuniones entre los Ministros de Defensa y Gobernación, para avanzar en materia del combate al narcotráfico para avanzar en mecanismos de coordinación para un mejor trabajo regional.

Uno de los aspectos que motiva el encuentro es la reincorporación del mercado hondureño, que fue excluido como parte de las medidas extremas que la Comunidad Internacional tomó para presionar la restauración de la situación política de aquel país, tras el golpe de Estado que recibió el ex presidente Manuel Zelaya, en junio de 2009.

Con ello, se hace un fortalecimiento al comercio y economía nacional, abriendo nuevas brechas para la exportación de nuestros productos a los vecinos centroamericanos que representan uno de los principales mercados para la producción nacional.

Con fin de normalizar las relaciones diplomáticas con Honduras, también se establecerá una nueva fecha para reunir a los mandatarios en Tegucigalpa, dando seguimiento a los resultados adquiridos con éste encuentro.

La reunión forma parte del proceso de integración regional, promovido por el Gobierno del Presidente Colom.

Esa postura, asegura la Red, es contraria a un fallo de una sala de Apelaciones del ramo Civil que amparó en definitiva a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), en el cual se ordeó al IGSS otorgar la medicina.

La sala falló a favor de los pacientos puesto que el seguro social había emitido una normativa interna para clasificar los medicamentos, que en la práctica ha “retardado maliciosamente” las medicinas de las cuales los pacientes dependen para continuar con vida, resalta la organización.

fuente: prensalibre

“Puede ser por desorden financiero, por falta de voluntad política o una clara corrupción”, expresó el vicepresidente, que ha adoptado la búsqueda de la transparencia en la administración pública.

Sobre los casos denunciados, señaló que la Contraloría General de Cuentas debe determinar los ilícitos y los alcaldes deben responder, a sabiendas de que pueden enfrentar sanciones, procesales penales y hasta la remoción de sus cargos.

Agregó que es necesario que el Estado cuente con una secretaría a cargo de la Presidencia de la República encargada de la búsqueda de la transparencia porque este esfuerzo puede quedar a la deriva si los próximos gobernantes con están comprometidos.

No obstante, sostuvo que la corrupción es parte de la cultura y no solo atañe a la administración pública sino también a los sectores sociales, empresariales o la prensa.

Menocal, que habló en una entrevista con Emisoras Unidas, señaló como ejemplo de la discreción que existe en ese tema que hay en trámite 75 empresas, pero algunas operan desde hace ocho y nueve años mientras los expedientes han ido de un lugar a otro.

“La idea es que sea el Consejo Nacional de Seguridad el que decida el futuro de las empresas y no el ministro”, enfatizó.

El proyecto de ley está en discusión en una mesa específica para alcanzar consensos, pero los propios legisladores han reconocido que alrededor de ese asunto hay muchos intereses e incluso algunos diputados son propietarios de algunas de estas.

El consejo está integrado por el presidente de la República, los ministros de Defensa, Gobernación y Relaciones Exteriores; también tiene participación del Ministerio Público (MP).

Probarán su confianza

Entre otros temas, el ministro señaló que los siete comisarios generales de la Policía Nacional Civil (PNC) que ocupan los puestos clave de esa institución serán sometidos a “pruebas de confianza”, que incluye análisis de expedientes, investigaciones internas y examen de polígrafo.

Menocal sostuvo que para este proceso apoyará la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la comunidad internacional.

fuente: prensalibre

Estas prácticas añejas les sirven a los jefes ediles para percibir más recursos del Estado, pero repercuten en una desigual distribución de los fondos que se destinan a los gobiernos locales —10 por ciento del presupuesto nacional—, opinan expertos de la CGC y del Ministerio de Finanzas.

Cada inicio de año, los 333 alcaldes deben presentar en el Instituto de Fomento Municipal (Infom) el reporte de la ejecución de su presupuesto, correspondiente al año anterior, a través de una declaración jurada.

El documento se utiliza para que la Comisión de Cálculo del Aporte Constitucional —integrada por la Secretaría General de Planificación y Programación (Segeplan), el Ministerio de Finanzas, la Asociación Nacional de Municipalidades, la Asociación Guatemalteca de Alcaldes Indígenas y el Infom— determine cuánto le corresponde recibir a cada comuna durante el ejercicio fiscal siguiente.

No obstante, la CGC detectó en enero último que 11 corporaciones ediles manipularon la información sobre los recursos percibidos por concepto de boleto de ornato, Impuesto Único sobre Inmuebles y licencias de construcción.

“Restaron rubros y acreditaron otros de sus ingresos ordinarios; por ejemplo, se registran ingresos importantes por venta de boletos de ornato en diciembre, cuando todos sabemos que nadie compra su boleto en ese mes, sino en enero”, explicó Mencos.

Las municipalidades denunciadas son las de Cuilco, Santa Ana Huista, Santiago Chimaltenango y Nentón, en Huehuetenango; Zaragoza, Comalapa, Acatenango, San José Poaquil, Parramos y Chimaltenango, en Chimaltenango, así como Santa María Ixtahuacán, en Santa Rosa.

Por estimaciones preliminares, las 11 comunas denunciadas recibirían, en conjunto, unos Q67 millones durante el 2010, aunque la Comisión de Cálculo del Aporte Constitucional decidirá esta semana cuánto le corresponde a cada uno de los 333 municipios.

La Contraloría espera que con las denuncias que pesan sobre esas municipalidades se hagan los ajustes necesarios para que la distribución sea justa.

Lo niegan

René Marroquín, alcalde de Zaragoza, Chimaltenango, afirma que no ha sido notificado de la denuncia por supuesta manipulación de datos.

En tono molesto, el alcalde expresó: “No hemos mentido. Todo cuanto hemos presentado ha sido con la verdad. Esto no había pasado antes. Lo puedo probar”.

Belarmino Montúfar, jefe edil de la cabecera departamental de Chimaltenango, aseveró que tampoco le han notificado la denuncia: “Estoy tranquilo porque todo esto se trata de venganzas políticas. En la Contraloría hay venganzas contra mi municipalidad y otros alcaldes que nos hemos cambiado de partido político”, declaró.

Se intentó hablar, sin éxito, con los otros jefes ediles denunciados por la CGC.

Modo de operar

De acuerdo con el presidente del Infom, Roberto Alfaro, los alcaldes manipulan el informe de ejecución presupuestaria, con la asesoría de ex trabajadores del Infom, de la Segeplan y ex jueces municipales, quienes, debido a que saben cómo se manejan las finanzas de las corporaciones ediles, ofrecen sus servicios para alterar los estados financieros.

“Hasta hace poco había gente dentro de las municipalidades y del Infom que aprovechaban las debilidades del sistema. Antes no había herramientas electrónicas de control en las comunas y se valían de lo que se presentaba en papel; (el informe de la comuna) no podía ser rechazado ni comprobado”, explicó Alfaro.

“Paraísos tributarios”

Según Alfaro, además de alterar la declaración de ejecución, los alcaldes han optado por reportar que no han tenido ingresos.

La fórmula para el cálculo del aporte constitucional establece que si una municipalidad no percibe ingresos, entonces se aplica una fórmula inversa, con la cual se les asignan fondos para contrarrestar la pobreza que se refleja en la escasa recaudación.

El contralor reforzó las declaraciones de Alfaro y afirmó que a esos municipios se les conoce como “pequeños paraísos tributarios”, porque, en apariencia, no recaudan fondos por boleto de ornato, licencias de construcción o cualquier otro tipo de servicios.

“En esas localidades nadie paga nada”, refirió, entre risas, Mencos, como dando a entender que eso no es posible.

Pero estos casos, según las autoridades, serían más difíciles de denunciar, porque son políticas fiscales de cada municipalidad y así lo documentan.

“No podemos obligarlos a registrar ingresos, si no los han tenido”, indicó Mencos.

Falta de voluntad política

Alejandro Urízar, de Acción Ciudadana (AC), opinó que varias municipalidades están rezagadas y hay mecanismos y herramientas que deberían implementarse porque existe obligación legal para usarlas.

“No es un problema financiero, sino falta de voluntad política que los alcaldes no usen las herramientas electrónicas de transparencia. Los estudios de AC dan cuenta de que las comunas más lejanas y más pobres son las que más y mejor usan los portales que sirven a la Contraloría para comparar los estados financieros”, expresó el analista.

En el fondo, el problema del financiamiento del presupuesto municipal es que no es descentralizado, sino que está sujeto a lo que determine el Gobierno central y, a la vez, controlador de la efectiva administración de los impuestos cobrados por las municipalidades, señaló Urízar.

Mientras la CGC espera que el MP les dé seguimiento a las denuncias, los alcaldes confían en que el Congreso apruebe las reformas al Código Municipal, que modificarían la fórmula de cálculo del aporte constitucional.

fuente: prensalibre