Además, el funcionario dejo sin efecto la convocatoria para los ascensos de la PNC, con el objetivo de estudiar el reglamento que regula la forma en que se otorgan los nuevos cargos dentro de las fuerzas del orden público.

Elementos de la PNC, manifestaron durante el proceso de “Gobernando con la Policía”, que en la actualidad el proceso desmotiva la participación de elementos jóvenes debido a que los requisitos impiden su promoció a subcomisarios.

La convocatoria para ascensos de la PNC, afectaba a las promociones de oficiales graduados en la Academia de esta institución, ya que para optar a dicho cargos, es contar con 13 años de servicio.

Asimismo, el Ministro de la Cartera del interior afirmò que la nueva normativa de ascensos para subcomisarios y comisarios de las fuerzas de seguridad aun se encuentran en estudio, pero que tiene como fin buscar la experiencia de los aspirantes pero sobre todo someterlos a intensas capacitaciones.

Menocal afirma: “Creemos que debe impulsarse la profesionalización de la Policía, y no se trata de ascender solo por los años de servicio”.

Uno de esos movimientos determinó la entrega de Q1.8 millones a Proyectos Nacionales, S.A., por el pago de dos terrenos ubicados en Pinares de San Cristóbal.

En estos dos terrenos se encuentra el inmueble 1-65, donde vive Velásquez.

Prensa Libre pudo comprobar esa situación con los vecinos y la seguridad de Velásquez, quienes se encontraban en las afueras del inmueble, así como con el mismo ex ministro, quien asegura que alquila esa vivienda.

Además, Édgar Barquín, superintendente de Bancos, expresó: “Trabajamos conjuntamente con el MP, y ese tema sigue. Ya detectamos la compra de una casa con ese dinero, donde aparentemente podría estar involucrado el ex ministro —Velásquez—, aunque la casa no está a nombre de él; para eso emplean testaferros o familiares, pero todo se descubre. Esa información la estaremos canalizando al MP”.

Lo que dicen los documentos

Las dos fincas eran propiedad de Julio Francisco Lainfiesta Lazo, padre de Rodrigo Lainfiesta, vinculado a la entidad Proyectos Nacionales, S.A., quien recibió fondos de Maskana y le vendió el inmueble a Alianza Tecnológica.

A pesar de ello, el pago de la propiedad no lo hizo dicha sociedad, sino que los fondos salieron de Maskana por medio de cheques de gerencia que compró Alfredo Berger Córdova, accionista mayoritario de esa empresa, en el Banco Reformador.

Dichos fondos sumaron Q1 mil 300, pero para completar la cifra, Librería Nova Expreso aportó otros Q500 mil, también provenientes de Maskana. La citada librería es propiedad de José Aníbal Hernández Nova, ex asesor de Velásquez, con un contrato similar en la Dirección General de Migración.

Finalmente, el 3 de noviembre del 2009 se faccionó la escritura de compra-venta del inmueble, y a pesar de que los fondos los proporcionaron otras entidades, la propiedad se escrituró a nombre de Alianza Tecnológica, cuyo representante legal es Osman Alexánder García Alvarado, conviviente de la hija del ex ministro.

Alianza Tecnológica fue constituida el 21 de noviembre del 2008, y se dedica a la compraventa de bienes inmuebles.

Si bien documentalmente la vivienda costó Q1.8 millones, en el Registro de la Propiedad se dice que fue vendida por Q10 mil 500.

Las pesquisas establecen que Velásquez recibió dicha casa como pago de comisiones por haber dado el proyecto de Q40 millones a Maskana, una entidad creada el 11 de noviembre del 2008 y que según la Intendencia de Verificación Especial habría participado en una red de lavado de dinero.

La investigación también contiene detalles que revelan que nunca se utilizó una junta de cotización o verificación para el contrato con dicha empresa.

Fuente: prensalibre

Además, la entrega de fertilizantes por medio de cupones ha permitido mayor transparencia en el proceso. Por ello, se ha logrado la entrega de 771 mil 140 para fertilizantes, con una inversión de Q32,400 millones.

Esto se dio a conocer durante la rendición de cuentas del Programa de Desarrollo Rural –ProRural-, por parte de autoridades de Gobierno, que han afirmado que han iniciado la ruta para institucionalizar el programa garantizando la sostenibilidad del mismo y coordinando esfuerzos con el Ministerio de Agricultura.

Otros de los programas destacados es el ProHortalizas, que dota a las comunidades de escasos recursos con tecnología, incrementando sus oportunidades de competitividad. Ejemplo de ello, es la implementación del sistema de riego por goteo, que además de regar los cultivos, optimiza el uso de los recursos hídricos.

También, durante 2009, se hizo entrega cupones de insumos a personas seleccionadas por una junta local de transparencia que se distribuyen en 122,000 para maíz, 22,500 en arroz, 100,000 en palma africana, 154,228 y 607,831para fertilizantes.

El Mandatario hizo una reflexión al público sobre la necesidad de obtener mayor continuidad de recursos para que éste tipo de programas lleguen a todas las comunidades del país, pues los logros también destacan en el sector turismo, pecuario, artesanal y energético.

Fuente: prensalibre

La parlamentaria dijo, en conferencia de prensa, que Castresana y Menocal la citaron la semana recién pasada a la oficina de la Cicig, para informarle de la trama.

Montenegro hizo pública ayer la denuncia y asistieron a respaldarla representantes de sectores empresariales, la sociedad civil, agrupaciones de jóvenes, políticos y delegados de la Embajada de EE. UU.
Tras haber tomado la palabra por escasos cinco minutos, la diputada señaló: “Fui informada de que existe un plan para atentar contra mi vida. Lo que pudiera ser un rumor para mí, tiene validez cuando es dicho por el ministro de Gobernación y por el doctor Castresana, de la Cicig”.
Afirmó que, según el ministro y Castresana, se pretende crear un cisma en el país y cometer un atentado que cause conmoción y genere problemas al Gobierno, aunque no descartó que pudiera tratarse de un plan para evitar que siga fiscalizando los programas del Gobierno.
“Me ofrecieron salir del país o garantías en seguridad; opté por lo segundo y estamos revisando cómo hacerlo”, refirió.
“Yo no me voy a callar, ni voy a dejar de hacer mi trabajo. Ni en la época más dolorosa, cuando secuestraron a mi esposo, me fui del país, ni me callé, porque creí que tenía algo que hacer; y menos lo haría ahora”, advirtió. El ofrecimiento era salir exiliada a España o Canadá, contó.
La diputada señaló que desconfía de que la Policía Nacional Civil la cuide; incluso de la seguridad presidencial, y hasta ahora solo ha aceptado un vehículo blindado que le prestó el presidente del Congreso, Roberto Alejos.
Afirmó que un plan de atentado podría abarcar a su familia y agregó que el presidente Álvaro Colom no se ha comunicado con ella, pese a que, aseguró, está informado del caso y fue quien pidió a Gobernación ponerse en contacto con ella.
Nineth Montenegro formuló exigencias claras: “Debo ser explícita, demando seguridad y una investigación a fondo, para que se dé con los responsables de los atentados que se quieren hacer contra mí y contra mi familia”.
La diputada incluso le informó sobre el peligro que corre a Hillary Clinton, secretaria de Estado de EE. UU., en su reciente visita al país, y esta, afirmó Montenegro, dio instrucciones al embajador de estar atento para brindarle apoyo.

Vida de lucha

Nineth Montenegro ha sido reconocida debido a su lucha por la transparencia y la justicia desde dentro y fuera del Congreso.
Fundó a mediados de 1984 el Grupo de Apoyo Mutuo, luego de la desaparición forzada de su esposo, Fernando García, ese año. Esa agrupación es aún referente en la lucha por la búsqueda de desaparecidos.

La activista resultó electa diputada al Congreso en 1996, y ha logrado reelegirse desde entonces.
Desde ese cargo luchó por la aprobación de la Ley de Comisiones de Postulación, para transparentar las elecciones de funcionarios y magistrados.
Además, desde hace dos años entabló una lucha con el Gobierno, para obtener los datos completos con cédulas para fiscalizar el programa social Mi Familia Progresa, hasta que hace poco
ganó la batalla.

Diversos sectores ofrecieron respaldo a la legisladora Montenegro.

Embajada de EE. UU.
Stephen Steger, oficial político de Derechos Humanos de la Embajada de EE. UU., refirió: “Todo nuestro apoyo al trabajo que la diputada está haciendo. Estoy seguro de que el embajador (McFarland) está preocupado y va a dar su apoyo a la diputada”.

Gobierno

Sandra Torres, esposa del presidente Álvaro Colom, afirmó: “Es lamentable. Apoyo a la mujer y queremos las mismas oportunidades para otras. La violencia es general para todas, y es algo que nos debe preocupar. Le daremos toda la seguridad que pueda necesitar”.

Cámara del Agro
Carlos Zúñiga, presidente de la Cámara del Agro, expresó: “Me extraña que no haya habido una reacción del Gobierno, como debe haber. El pecado de la diputada es hacer su trabajo como se debe, pidiendo que los recursos públicos sean utilizados con probidad y transparencia”.

Cacif
Roberto Ardón, director del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), señaló: “Acompañamos a la diputada en su lucha valiente por la transparencia y saludamos que ofrezca continuar con su fiscalización”.

Sociedad Civil
Adela de Torrebiarte, ex ministra de Gobernación y activista pro justicia, expuso: “Hemos entrado en una etapa oscura. En el caso de Nineth Montenegro, es un tema que pretenden callarla, por su fiscalización, y si coartan la libertad a ella, se lo están haciendo al país”.

Jóvenes
Alejandro Quinteros, del Movimiento Cívico Nacional, expresó: “Apoyamos a la diputada por su labor de fiscalización y su transparencia que ha mostrado a los guatemaltecos por años. Estamos consternados por la amenaza y apoyamos su valentía de quedarse en Guatemala”.

Fuente: prensalibre

Los excluidos

Después de cuatro horas de discusión, los argumentos que presentaron por escrito los nueve aspirantes restantes no convencieron a la mayoría de los integrantes de la comisión.
El abogado Édgar Argueta intentó que la postuladora aceptara incluir en su expediente las constancias de no haber sido amonestado por las instancias donde trabajó, porque no lo hizo en su oportunidad. Su petición fue rechazada con el argumento de que las pruebas de descargo eran para corregir errores de forma, y no de fondo.
Óscar Cruz, secretario de esa instancia, manifestó que la mayoría de candidatos fueron excluidos porque no firmaron las actas notariales de las declaraciones juradas, les faltaron constancias de antecedentes policiales, certificaciones originales de partida de nacimiento y algunos no firmaron el formulario de solicitud de inscripción.
Agregó que hubo varios candidatos que no incluyeron las constancias de sanciones impuestas por las instituciones de justicia donde trabajaron.
A criterio de Cruz, los profesionales pudieron haber omitido estos documentos porque en la convocatoria no se aclaró este requisito. Explicó que él fue uno de los que se opusieron a que se excluyera a varios aspirantes por esta razón.

Entrega propuesta

El Movimiento pro Justicia entregó ayer a los integrantes de la postuladora un listado de 10 preguntas para incorporarlas en la guía de entrevista para los aspirantes aprobada en enero último.
Mónica Leonardo, de esa agrupación, explicó que la propuesta busca profundizar en el grado de conocimiento que los candidatos tienen sobre la institución, la investigación criminal y las estrategias para combatir la corrupción e impunidad.
Después de la reunión, representantes de sectores sociales indicaron que ahora que se depuró el listado iniciarán investigaciones de los candidatos a fiscal general para presentar sus posibles reparos, del 12 al 23 de marzo, período fijado para la auditoría social.

Cicig investiga

Por medio de una misiva, Pedro Díaz, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), solicitó al Organismo Judicial y al Ministerio Público información sobre estos 15 candidatos a fiscal general:

Ángel Antonio Cojulún, Hugo Roberto Jáuregui, Julio César Rivera Clavería, Gloria Patricia Porras Escobar, José Arturo Rodas Ovalle, Edwin Arnulfo Rodas Arredondo, Amílcar Velásquez Zárate. También, Conrado Arnulfo Reyes Sagastume, María Eugenia Morales Sierra, Luis Alexis Calderón Maldonado, Óscar René Portillo Donis, José Fernando Castellanos Arreola, Sergio Lima Morales, Henry Francisco Monroy Andrino y Édgar Alberto Argueta Moreno.
Los últimos cuatro mencionados fueron excluidos del proceso de elección ayer.
Díaz dijo que esa información es indispensable para que la Cicig cumpla con su función de coadyuvar a combatir la impunidad.
Diego Álvarez, jefe de Prensa de la Cicig, informó que se solicitó información al MP para determinar si estos aspirantes tienen en su contra alguna denuncia o proceso en los tribunales de justicia.
El 27 de febrero último, Carlos Castresana, jefe de la Cicig, aseguró que al menos 33 aspirantes no reunían los requisitos para ocupar la jefatura del MP.

“Vamos a evaluar la información que hoy (ayer) nos dio el presidente. Además, habrá declaraciones públicas de él. Esperamos que se señale con toda claridad que el tema de seguridad debe ser política de Estado, y no una política aislada de un ministro en particular”, aseguró Jorge Montenegro, presidente del Cacif.

Explicaciones oficiales

El gobernante explicó al empresariado sobre las destituciones de los ministros de Agricultura, Mario Aldana; de Gobernación, Raúl Velásquez; y de Educación, Bienvenido Argueta.

Irregularidades en la licitación para la compra de fertilizantes y en la adjudicación de combustibles para la Policía Nacional Civil fueron lo que Colom les dijo en el caso de los dos primeros. Sobre Argueta, solo lo lamentó, pero los empresarios le hicieron ver el desacato del ex ministro.

Le insisten postura

El Cacif reiteró al mandatario la petición de retirar la reforma fiscal del diálogo y del Congreso, la cual contempla incrementar las tasas de varios tributos.

Ronaldo Robles, Secretario de Comunicación Social de la Presidencia informó que durante la reunión existió el intercambio de información por los cambios realizados en el Gabinete de Gobierno, los cuales el Presidente Colom explicó que fueron necesarios para fortalecer la lucha por la transparencia y eliminar los actos de corrupción en la administración pública.

Además, se abordo el tema de la seguridad, en donde concluyeron que sostendrán en los próximos días una reunión con Carlos Menocal, recién nombrado Ministro de Gobernación, con quién esperan profundizar sobre los planes que tiene al frente de la cartera del interior.

Esto en con el fin de qué el sector privado retome el espacio que habían dejado en suspenso, dentro de una de las mesas del diálogo nacional y así buscar pronto acuerdos que se puedan poner en práctica, señaló Robles.

No obstante, Robles dijo que durante la reunión se demostró el interés y la voluntad por parte del CACIF en continuar buscando, con madurez, las respuestas a los distintos problemas nacionales en las distintas mesas de trabajo.

Jorge Montenegro, Presidente del CACIF, recalcó que la reunión sostenida con el Presidente Colom fue amplia y sirvió para despejar las dudas sobre la gobernabilidad del país y todo lo relacionado con los cambios ocurridos dentro del Gabinete de Gobierno, por la falta de cumplimiento a las directrices giradas por el Mandatario para transparentar el uso de los fondos públicos por parte de los anteriores ministros.

Montenegro, aseguró que analizarán la información brindada y calificó de necesario el transparentar el manejo de los fondos públicos en aras de iniciar un franco proceso de reactivación económica para la generación de empleo.

“Es muy importante señalar que nosotros seguimos trabajando en las mesas de trabajo, como la Fiscal, de Reactivación Económica y en la mesa de Gobernabilidad, que de alguna manera analiza todos los temas políticos que de alguna manera afectan las distintas mesas de trabajo, en donde esperamos que los acuerdos que de ahí salgan vayan a ser respetados”, expreso Montenegro.

“Nosotros como CACIF estamos a la espera de qué el Gobierno próximamente señale que la Seguridad es una política de Estado, para la reactivación económica del país.” Agregó Montenegro. Así también, dijo que se reunirán en los próximos días con el nuevo Ministro de Gobernación, para conocer los planes que tiene en dicha materia.

Las fábricas de diferentes productos manufacturados —entre ellas, las maquilas de ropa— eran una de esas opciones, pero al abrirse el mercado de las telecomunicaciones, después de la privatización de la telefonía estatal, se permitió que la inversión extranjera empezara a llegar al sector desde 1996.

Ahora Guatemala ha demostrado su capacidad para el desarrollo, no solo de centros de llamadas, sino también de contact centers y business process outsourcing.

Aunque la raíces de los centros de llamadas en el país se encuentran en empresas locales como Tele Escucha —que fue adquirida por Atento, una filial de la española Telefónica, cuando abrió sus puertas en Guatemala—, ahora se cuenta con otras empresas a escala global.

Ninoshka Linde, directora de mercadeo y de reclutamiento de la firma 24/7 Customer, comentó que una de las ventajas de Guatemala es que el país cuenta con tecnología de punta y capacidad de telecomunicaciones.

Además, y como consecuencia de la llegada de empresas multinacionales, el capital humano ha sido mejor capacitado y para ello se han creado diversos programas de capacitación.

“Si un aspirante posee 50 ó 70 por ciento de inglés, deberá tomar un curso intensivo que podría durar entre dos semanas a un mes. Cuando el colaborador aumenta su capacidad de hablar el idioma, es promovido de puesto o se le aumenta su salario”, explicó uno de los capacitadores, quien indicó que, además, se les instruye sobre cómo tratar al cliente.

Linde confirma los beneficio de este empleo: “Para mí, lo fantástico de esta industria es que da la oportunidad de cambiar el futuro de una persona, cuando antes las oportunidades eran escasas y un joven de una familia promedio tenía pocas expectativas. Ahora tenemos jóvenes recién graduados desde los 18 años, y personas de hasta 60 años, en donde el promedio de edad está entre 22 y 23 años”, afirmó Linde.

El país cuenta con servicios de español y bilingües, en inglés y portugués. Entre la gama de servicios que puede prestar el mercado guatemalteco están los cargos de llamadas entrantes, cargos salientes, ventas cruzadas, actualización de datos, atención al cliente, créditos y cobranza, investigación de mercados, soporte al cliente, soporte técnico y manejo de boletos.

Más que llamadas

En aspectos de valor agregado se cuenta con análisis crediticio en bancos, logística y planeamiento de rutas de reparto para servicios a domicilio, envíos de correos electrónicos y comunicaciones masivas, digitación de datos, generación de lotes de información, documentos y diapositivas para ejecutivos de alto nivel, así como manejo de logística y reembolsos por correo electrónico.

Ana Guillén, coordinadora de la comisión de call centers de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, informó que el país cuenta con unos 13 mil 500 operadores (trabajadores) y con aproximadamente 93 centros, cuya mitad presta servicios a clientes guatemaltecos, y el restante atiende Centroamérica, México, EE. UU. y Venezuela.

El guatemalteco Julio Morales, jefe de negocios de Atento México y Centroamérica, con ocho años de trabajar en centros de llamadas y quien escaló puestos desde la base de la compañía, comentó que desde el inicio de la industria, cuando solamente se recibían llamadas, el concepto ha crecido y ahora se tiene lo que se denomina multicanales o diversas maneras de comunicación, tales como el chat o el envío de mensajes, entre otros.

Kapil Rajavanshi, gerente general de 24/7 Customer, alabó las bondades del país, pero indicó que para crecer el problema sigue siendo la falta de gente bilingüe, lo que los ha obligado a buscar personal en otros países de la región.

“Nos hemos constituido en uno de los mayores contribuyentes para la SAT y el IGSS, y podríamos seguir invirtiendo en Guatemala, pero esto dependerá del apoyo para el desarrollo bilingüe. De ahí que es importante apostar por el crecimiento de la industria. El gran reto es hablar inglés”, enfatizó.