Dos agrupaciones campesinas, con demandas variadas; las divisiones en el Congreso para aprobar préstamos y el presupuesto del 2010, el desborde de asesinatos de pilotos y los reclamos de los alcaldes por más fondos, se han convertido en las últimas semanas en dolores de cabeza para el Gobierno.
Una de las más recientes complicaciones, reflejadas en bloqueos en el interior del país, son las demandas del Frente Nacional de Lucha (FNL) y el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), organizaciones que realizaron bloqueos el martes en diferentes carreteras del país. Ambas agrupaciones exigen que el Gobierno entregue un subsidio de Q3 mil para cada campesino. “Se trata de garantizar la seguridad alimentaria; el dinero sería entregado, para comenzar, a 20 mil agricultores”, afirmó Mauro Vay, de Codeca.
Dichas entidades también reclaman la devolución de Q325 millones recortados al presupuesto de este año del Ministerio de Salud. También exigen incrementar Q600 millones a la asignación de esa cartera en 2010.
El Comité de Unidad Campesina (CUC) mantiene vigentes sus demandas, luego de bloquear varias rutas principales de acceso a la capital, el 12 de octubre, en una jornada que se saldó con un manifestante muerto a tiros.
Dirigentes del CUC se reunirán con representantes del Ejecutivo el próximo 10 de noviembre, pero no descartan continuar con cierres de carreteras ante la negativa a su demanda de cancelar las licencias de exploración y explotación minera.
“La lucha de la gente continuará hasta que se retiren las mineras”, manifestó Daniel Pascual, dirigente del CUC (vea: Aprietos de todo tipo).

Cuesta arriba
El Congreso es el escenario de la otra batalla que afronta el Ejecutivo. Diputados, incluso de la bancada oficial, están enfrentados por el destino de un préstamo por $350 millones. El Ejecutivo necesita los recursos, ya que la mitad de los fondos será utilizada para gastos de funcionamiento del aparato estatal de este año.
El líder del Partido Patriota (PP), Otto Pérez, señala que a Colom “le está pasando lo mismo que a Jorge Serrano; por comprar voluntades en el Congreso, con el paso del tiempo se les están poniendo más caros los votos”.
Además, la aprobación del presupuesto del 2010 depende de los congresistas, quienes aprovechan para condicionar su voto a cambio de la asignación de obras de infraestructura en sus distritos.
Las falencias en materia de seguridad del Gobierno también se evidencian en la incontenible ola de asesinatos de pilotos y ayudantes de buses en todo el país. Ayer fueron asesinados otros dos choferes del transporte urbano.
Tampoco se ha resuelto la demanda de los alcaldes que exigen el incremento a la asignación del IVA-Paz a no menos del 2.5%. El Ministerio de Finanzas considera inviable dicho aumento.
“Incrementar la asignación del IVA-Paz para las municipalidades necesariamente implica reducir otra asignación, lo cual consideramos inconveniente”, indica la cartera del Tesoro en un comunicado.

No se puede
“Sinceramente, en el Gobierno, en una época financiera tan crítica, estamos tratando de cumplir con todos, pero no se puede cumplir con una historia de 50 años de abandono al mismo tiempo”, afirmó el presidente Álvaro Colom al referirse a los bloqueos de rutas (lea: Colom: con derecho a obtener beneficios).
El mandatario descartó la declaración de un Estado de Prevención por los ataques contra pilotos, como lo propuso el alcalde de Mixco, Amílcar Rivera. “La Ley no da mayores posibilidades de alcanzar los objetivos que uno persigue, como el caso de Mixco”, argumentó Colom.
Catalina Soberanis, coordinadora del Sistema Nacional de Diálogo Permanente, reconoce que la diversidad de demandas hace difícil atenderlas. “Algunas cosas pueden implicar reformas legales, aspectos presupuestarios y comportamientos institucionales”, enfatiza la funcionaria.
Marco Antonio Barahona, analista político de Asíes, considera que los conflictos citados son apenas “el inicio de una explosión de demandas”, las cuales atribuye a la crisis económica y al cambio climático. “Será necesario priorizar y buscar acuerdos”, señaló.
Para Pedro Trujillo, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Francisco Marroquín, la razón de la “presa” de conflictos para la administración Colom se debe a la “priorización de Cohesión Social por encima de otros temas relevantes”.

COLOM: CON DERECHO A OBTENER BENEFICIOS
“…Es totalmente injusto pedirle al Presidente que sus éxitos no los aproveche políticamente, y los fracasos ¿quién me los va a perdonar?”, expresó el presidente Colom, al defenderse de las críticas surgidas tras haber declarado que el partido oficial tiene una “oportunidad” electoral por el “éxito” de los programas de Cohesión Social.
El mandatario agregó: “Lo que yo dije en el programa es que si el partido (UNE) lo sabe utilizar y manejar, va a tener un beneficio; si no lo sabe manejar, se va a ir feo”.
Trujillo señala: “Los éxitos de Cohesión Social sólo los conoce él (Colom), porque han ocultado información”.
Barahona opina: “Es natural que un partido en el ejercicio de gobierno trate de sacar beneficio de su desempeño, pero lo que no es natural es que un presidente haga alarde de que eso abona el triunfo de su partido.

fuente: sigloxxi

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