La falta de ejecución en créditos otorgados a Guatemala ha llevado a los prestamistas internacionales a cobrar comisiones que del 1 de enero al 30 de septiembre ascendieron a Q44.8 millones (US$5.3 millones), según información proporcionada por el Ministerio de Finanzas (Minfin).

La comisión sumada a los intereses determina el costo de la deuda para el país, que al 30 de septiembre último se ubicó en cerca de Q292.5 millones (unos US$35 millones), de acuerdo con el Minfin.

Los intereses cobrados a esa fecha sumaban alrededor de Q247.7 millones (US$29.7 millones).

Al 30 de septiembre, Guatemala tenía contratados en el exterior 35 préstamos que equivalen a unos Q13 mil 637 millones (US$1 mil 634.9 millones).

De ellos se ha ejecutado únicamente el 30.57 por ciento, o sea Q4 mil 169.9 millones (US$499.9 millones) y entre los cuales destacan 22 créditos que han pagado la multa indicada, por no haber ejecutado la inversión a tiempo.
Origen de la multa

Cuando el país contrata un préstamo con bancos internacionales se firma un contrato en el cual se establece que el dinero se entregará en etapas, condicionadas al avance de los proyectos.

Si se incumple con esos requisitos o hay retrasos, el desembolso no se efectúa a tiempo y el banco cobra una “comisión”, y si se entrega a tiempo se deben pagar los intereses por el desembolso.

Érick Coyoy, viceministro de Finanzas Públicas, expresó: “Lo óptimo sería que los desembolsos se reciban en la fecha que se programan y que se cumplan adecuadamente los cronogramas, porque el hacerlo es un indicio de que la ejecución se va realizando, pero atrasos en los desembolsos automáticamente significan atrasos en los proyectos nacionales”.
¿Dónde está el dinero?

Los entes que se han retrasado en ejecutar son 17, entre ellos los ministerios de Salud, Agricultura, Comunicaciones, Finanzas, Educación y Economía.

También entidades como la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán, la Superintendencia de Bancos, el Banco de Guatemala y el Fondo Nacional para la Paz, entre otras instituciones.

El préstamo que más multa ha pagado es el otorgado a la Universidad de San Carlos de Guatemala el 24 de septiembre del 2004, con Q19.18 millones (US$2.3 millones) en multas y Q8.29 millones (US$994 mil) en intereses.

El crédito es por unos Q280.2 millones (US$33.6 millones), pero en seis años la ejecución es de 39.8 por ciento.

El Ministerio de Agricultura y el de Comunicaciones tienen multas por más de Q5.5 millones; este último, en dos préstamos.

El Ministerio de Salud tiene, desde abril de 2008, un crédito por Q417 millones (US$50 millones), para la construcción de tres hospitales, y sólo ha invertido el 2 por ciento; sin embargo, ha pagado Q809 mil (US$97 mil) en multas y Q237 mil en intereses (US$28 mil).

“Para Salud, con los fondos para la construcción de hospitales, se les ha complicado mucho obtener los terrenos y están atrasados; les costó todo el año arreglar esa situación y empezarán en el 2010. Allí hay problemas de ejecución que escapan a la voluntad del funcionario”, refirió Coyoy.

Otras de las razones para los retrasos son la falta de personal calificado que conozca los requerimientos de cada prestamista, y las complicaciones en las contrapartidas, por mala programación de las entidades.
Evidentes

Juan José Taccone, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Guatemala, ente que se ubica como el mayor prestamista del país, dijo que los atrasos en ejecución de créditos son evidentes en obras de infraestructura.

“Los —préstamos— de infraestructura son muy difíciles; como agua, agricultura o saneamiento tardan en comenzar y requieren de adquisiciones y contrataciones”, afirmó. Comentó que es común que durante el primer año y medio de ejecución los créditos de ese tipo tengan bajo desembolso.

También hay otros asuntos, como el cambio de destino de créditos o de órgano ejecutor, como el otorgado a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, que no se puede usar, ya que la Corte de Constitucionalidad determinó que ese ente no puede ejecutar fondos.

Esa situación derivó en el estancamiento del plan para combatir la pobreza urbana, que tiene Q390 millones (US$46.8 millones), y el cobro de Q3.4 millones (US$409 mil) en multas por retraso en inversión.

A septiembre también se habían pagado Q23.35 millones (US$2.8 millones) en intereses; en la actualidad se negocia el traslado del préstamo hacia otra entidad estatal.

Analista
“Demora no es justificación”

“La demora de procedimientos no es justificación para la falta de ejecución, ya que las normas se saben desde que se programa el préstamo y el compromiso está claro en los contratos firmados”, afirmó Jorge Lavarreda, vicepresidente del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.

“Es un reflejo de los problemas que surgen desde la planificación presupuestaria, porque evidencia que no se cuenta con procesos adecuados”, comentó.

El analista hizo énfasis en que otro problema es el cambio en el destino de los créditos, que tienen lugar cuando entran nuevos gobiernos y definen nuevas prioridades.

“Buscan hacer otras cosas y enmiendas que implican penalizaciones por falta de ejecución”, añadió.

A su criterio, la ejecución de préstamos sin caer en penalidad es posible, y de hecho se hace en algunas entidades.

“Qué bueno que no hay penalización monetaria por no cumplir la programación del presupuesto general, porque serían cifras enormes”, aseveró. “La única multa por no usar fondos públicos es que las cosas no se hacen”, explicó.

fuente: prensalibre

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