Cobra vigencia la normativa para la publicación de datos en instituciones públicas y entidades que reciben fondos del Erario Nacional.

“En sus marcas, listos, fuera”. Al igual que en una maratón, hoy se dio el banderazo de salida para la vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública en Guatemala.

Audio:
Norma Cruz, Red de Sobrevivientes de Violencia (ley de acceso a la información)
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David Gaitán, Acción Ciudadana (ley de acceso a la información)
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Desde ayer algunas instituciones, como el Ministerio de la Defensa , ya mostraban el icono de enlace en la página de Internet, pero esperaban hasta que el reloj marcara la medianoche para habilitar los datos que estipula la normativa.

Leer el decreto

Mientras tanto, el resto de Carteras afinaban los últimos detalles en las ediciones electrónicas, que en algunos casos ya permanecen activas, así como en el espacio físico que albergará las Unidades de Información Pública.

También preparadas para mostrar los datos que obliga la ley se mostraron otras dependencias, como la Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral y Ministerio Público.

Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana (AC), dijo que la mayoría de entidades que deben rendir cuentas están listas, sin embargo, las municipalidades son las que continúan rezagadas en la implementación de la norma, por la cantidad de comunas que existen en el país.

Explicó también que la experiencia en América Latina sobre la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública , tiene un mal precedente, debido a la apatía que ha mostrado la población y se trabajará “para romper esta tendencia” en Guatemala.

Procedimiento

Sencillo, como pedir un vaso de agua, será la forma para requerir información. Esto porque la ley contempla la solicitud verbal del ciudadano o grupo interesado al acudir a las unidades encargadas para ello; otra opción es la petición escrita, y con el repunte de la tecnología existe la posibilidad de hacerlo por Internet.

Transparencia en América

Con Guatemala son 17 los países que cuentan con una ley para acceder a la información pública.

* Antigua y Barbuda
* Belice
* Canadá
* Colombia
* Chile
* Ecuador
* Estados Unidos
* Honduras
* Jamaica
* México
* Nicaragua
* Panamá
* Perú
* República Dominicana
* Trinidad y Tobago
* Uruguay

OTRA NOTA
El acceso a la información pública es un derecho inherente al ejercicio de la libertad de expresión de ideas, consagrado en la Constitución. El derecho de acceso a la información está consagrado en los ar-tículos 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 19, inciso 2), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 13, inciso 1), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 30, 31 y 35, párrafo quinto, de la Constitución; y 5 de la Ley de Emisión del Pensamiento. Sin embargo, en nuestro país dicho derecho no es totalmente efectivo, ya que muchos funcionarios y empleados públicos continúan resistiéndose u oponiéndose a permitir que los ciudadanos puedan acceder libremente a los archivos, registros y expedientes públicos.

Por tanto, resulta imperativo que el Congreso finalmente apruebe la Ley de Libre Acceso a la Información, que contempla un procedimiento judicial, abreviado y expedito, a través del cual se pueda obligar a los funcionarios y autoridades públicas que se resistan a dar acceso a las fuentes de información, bajo apremios eficaces e inminentes, que, de conformidad con lo que dispone el Artículo 30 de la Constitución, no estén sujetas a secreto de Estado (asuntos diplomáticos o militares de seguridad nacional o datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia) ni a reserva legal (en el caso de la investigación criminal, por ejemplo).

Entre los participantes en un reciente seminario taller organizado por la Contraloría General de Cuentas, hubo consenso en que era fundamental que se garantizara la plena vigencia de la libertad de acceso a la información, tanto para los ciudadanos comunes y corrientes, como para la prensa y los medios de comunicación social.

En gran medida, la transparencia y el combate contra la corrupción dependen del control ciudadano que pudiera derivarse de la efectividad del acceso a la información pública. Sin una información completa y suficiente resulta difícil qué fiscalizar y controlar. Sin información confiable la auditoría social se torna lírica e irrelevante.

El libre flujo de información pública hacia la ciudadanía garantiza la participación y que exista el análisis, la reflexión, el cuestionamiento, la crítica y la corrección. La buena información necesariamente conduce a la verdad y ésta es un factor clave para una sociedad genuinamente democrática.

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