El balance de la justicia durante el 2009 quedó con números rojos. La deuda para los guatemaltecos es la misma: los altos índices de impunidad, la delincuencia y la violencia que imperan en el país, además de la falta de voluntad para combatir esos hechos.

Organizaciones sociales hicieron el balance de la justicia durante el 2009, y coinciden en que fue un año en que la impunidad se mantuvo, lo que se refleja en la reciente condena de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado.

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento pro Justicia, explicó que el balance aún es negativo, porque no hay retroceso en la impunidad y la denegación de justicia.

“Prueba de ello es la reciente condena contra el Estado como violador de los derechos humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, expresó.

Ibarra añadió que jueces del Sistema Interamericano señalan la impunidad como violación a los derechos humanos, ya que se deniega verdad, justicia y reparación a las víctimas de un delito, bien sea cometido por agentes del Estado o por otros ciudadanos.

En ese sentido mencionó: “Vimos una Corte de Constitucionalidad confrontada que al final logró resguardar la legalidad de varios procesos; una crisis en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la elección de presidente; la Cicig destapó la pobredumbre, el tráfico de influencias y estructuras paralelas en el Ministerio Público (MP); hubo grupos sociales que desvelaron los cuellos de botella y mecanismos de la impunidad”.

Ibarra refirió: “No hay respuestas en la justicia, es un año fallido en materia de seguridad y sin avances, con fracasos en lo cotidiano de la administración de justicia”.

Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas, señaló que este año quedó pendiente la lucha contra la impunidad.

“Hubo avances en algunos casos, como en la masacre de El Jute y el caso de Chimaltenango. Hay que lograr independencia en el Organismo Judicial ante otros poderes del Estado”, explicó.

Cadena añadió que los magistrados de la CSJ tienen la responsabilidad de impulsar la carrera judicial.

“Lamentablemente, es una corte cuestionada por no tener capacidad de actuar con independencia. Uno de los grandes retos para ellos será la reforma estructural de la carrera judicial”, manifestó.

Coincidió con Ibarra en señalar que la condena de la CIDH se emitió porque es inoperante el sistema judicial y porque “hay falta de voluntad política para que funcione”.

“Creo que es un mensaje claro al Estado de que tiene que tomar medidas para luchar contra la impunidad”, aseveró.
También hay luces

Pero no todo es negativo, también hay luces. Los analistas afirman que el proceso de elección de magistrados a la CSJ y la participación ciudadana que se logró en ese aspecto fueron positivos.

Sergio Morales, procurador de los Derechos Humanos, identifica como avance las resoluciones judiciales recientes en casos de violaciones a los derechos humanos.

“La sentencia contra Cusanero y el caso de El Jute son positivos. También es un avance el nombramiento de la nueva CSJ. Pero me parece que entre las sombras está la acumulación de expedientes judiciales sin resolución final”, dijo.

Morales añadió que otros avances para la justicia fueron la aprobación de reformas a algunas leyes como la que persigue la delincuencia organizada, la que fortalece la persecución penal y otras.
Lentitud

El magistrado César Barrientos, presidente de la Cámara Penal de la CSJ, señaló la semana última que hay lentitud en el sistema de justicia, y por ello en el 2010 tomarán acciones drásticas para que la gente tenga respuesta.

Informó que de las 200 mil denuncias recibidas por el MP solo se presentaron 12 mil acusaciones este año, y de ese número solo se emitieron tres mil sentencias.

Amílcar Velásquez, fiscal general, expuso que hubo avances que pueden coadyuvar a que la población recupere la confianza en el sistema. “El reto para las instituciones es reducir el índice de impunidad, tratando de ser lo más eficaces y transparentes”, dijo.

Velásquez afirmó que la Fiscalía logró mejor coordinación con la Policía para incautar droga, y en casos de extorsión, secuestro y asesinato.

“No se puede hacer un cambio de la noche a la mañana. Es necesario que todas las instituciones tengan la voluntad y el compromiso para erradicar la impunidad”, aseveró.

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