Luego de una minuciosa investigación realizada por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, relacionada con el ingreso de químicos y venenos a Guatemala, se determinó que desde 2005 la empresa Montana Exploradora inició una serie de negociaciones con dicha cartera y logró que se le redujera la tasa impositiva de Q5 a Q3. Sin embargo, desde esa fecha no hacen efectivo el pago al Estado guatemalteco, por el concepto de Licencia Ambiental para importar productos químicos y venenos.

Dicho estudio mostró que la empresa citada importó sin la debida autorización, 3.2 millones de kilógramos de cianuro de sodio. Los responsables adujeron que la importación los exoneraba del pago de impuestos, informó Luis Ferraté, Ministro de Ambiente. Asimismo, explicó que la deuda a cancelar asciende a Q12.3 millones.

Según las deducciones financieras realizadas por los analistas, desde el 29 de julio de 2005 hasta el 4 de julio de 2007, ingresó 1 millón 300,080 kilogramos de cianuro, con una tasa impositiva de Q5, por lo que el monto a pagar es de Q6 millones 500,400. Luego de la supuesta negociación y disminución a Q3 de la tasa, del 31 de julio de 2007 al 15 de junio del presente año, se importó 1 millón 960 mil kilogramos del químico, por lo que el total a pagar es Q5 millones 880 mil.

Entre las medidas de presión adoptadas por los ambientalistas, se encuentra la suspensión de la licencia de importación de dicho químico venenoso, la cual entró en vigencia desde el 27 de julio. Se levantará la sanción hasta que se haga efectivo el pago.

Ésta se tomó en base a la ley y a los acuerdos ambientales de los que Guatemala es partícipe: el Sistema de Integración Centroamericana -SICA- y el Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA. En ellos se estipula un control estricto en la importación de productos químicos y requieren de la licencia ambiental emitida por las instancias correspondientes.

Asimismo, el departamento jurídico se respalda en el Acuerdo de Entendimiento firmado entre el Gobierno y Montana Exploradora, en el que reiteran su compromiso con el Estado de Derecho y su convicción en que todas las actividades mineras realizadas en Guatemala, deben cumplir todas las disposiciones legales vigentes.

Otras de las acciones a implementar será la investigación de las personas que negociaron la reducción de la tasa impositiva del ingreso de químicos y venenos, siendo esta la forma de esclarecer e iniciar los procesos legales en su contra “porque con las leyes no se negocia”, enfatizó Ferraté.

Te gusto? compartelo: