De las 71 iniciativas de ley enviadas por el Gobierno al Congreso, 35 han sido aprobadas por los diputados, en medio de constantes controversias entre los aliados al régimen y grupos opositores.

Las discrepancias afectaron más las iniciativas relacionadas con la seguridad y la justicia, cuya mayoría fue relegada para dar paso a las referidas a ingresos tributarios.

Analistas advierten que desde el inicio de la administración de la Unidad Nacional de la Esperanza, el Legislativo se ha enfrascado en largas discusiones, al punto de tener en su haber dos reformas fiscales fallidas.

El consultor político Jorge Luis Alvarado considera que en el Congreso falta consenso y voluntad para priorizar las leyes más urgentes para el país.

“Las repercusiones son tan grandes que las otras leyes quedan rezagadas. Por ejemplo, las de evasión fiscal y en materia de seguridad pasan a segundo plano”, afirma.

Alvarado señala que el Ejecutivo busca el consenso solo cuando se trata de sus intereses económicos.

“No hay una visión de leyes prioritarias porque el Gobierno ha perdido el tiempo en sanar sus urgencias presupuestarias y ha dejado de lado el tema de seguridad, al igual que el Congreso”, explica.

Para Hugo Maúl, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), todo se trata de una estrategia para que el Congreso se vea obligado a aprobar a contrarreloj las leyes que pide el Ejecutivo, con tal de no seguir retrasando la agenda legislativa.

“Creo que hay una estrategia muy eficiente del Gobierno, que manda iniciativas que van a causar polémica para, de alguna manera, ir entrampando la agenda legislativa y forzar a los diputados a conocer las cuestiones críticas de manera acelerada y de urgencia”, puntualiza Maúl.

Alvarado coincide con Maul. “Estas leyes económicas tienen algo muy misterioso: llegan al Congreso y se empiezan a trabar porque no hay negociación. Después del consenso resulta que pasan de urgencia nacional, y eso debe ser puesto en la mira”, comenta.

Roberto Alejos, presidente del Congreso, reconoce que aquel tipo de leyes siempre genera oposición, de manera que ha tenido necesidad, en la instancia de jefes de bloques, de retirarlas de la agenda en lo que se avanza en otras.

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