La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang, expresó ayer su preocupación por el aumento de la violencia en el país y porque el Estado guatemalteco es débil para hacerle frente a ese flagelo.

En el informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala en el 2009, la alta comisionada indicó que la inseguridad en el país es crítica y las instituciones del Estado son débiles.

Afirmó que estas no han conseguido asumir el papel que les corresponde para atajar el problema, lo que deja la seguridad en manos privadas.

El reporte, presentado ayer en Ginebra, Suiza, y en esta capital, por el representante de esa oficina, Juan Carlos Monge, hace hincapié en cuatro aspectos: la inseguridad afecta los derechos humanos, la situación del estado de Derecho y la impunidad, los derechos económicos, sociales y culturales, y el racismo.

Acerca de la inseguridad, Kyung-wha enfatizó el aumento de homicidios, de seis mil 244 en el 2008 a seis mil 498 en el 2009, y manifestó preocupación por el incremento de linchamientos, de 56 en el 2008 a 119 en el transcurso del año recién pasado.

Insistió en la incapacidad de la Policía Nacional Civil para responder al reto que supone “la alarmante inseguridad”. El informe resalta que durante la mayor parte del 2009 hubo en la PNC más de cinco mil vacantes, y que 11 altos mandos fueron destituidos.

Lo más preocupante para Kyung-wha es “la cesión de gran parte de la función pública de la seguridad a manos de empresas privadas, sobre las que no existe control efectivo ni marco jurídico que regule su funcionamiento”.

El informe de este año llama la atención sobre grupos civiles armados que operan en Villa Nueva y San Juan Sacatepéquez, Guatemala; San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, y San Juan Cotzal, Quiché.

Denunció el aumento de violencia contra la mujer, en comparación con la baja respuesta del Sistema Judicial —de 30 mil 873 denuncias, solo hubo 70 sentencias—, y la existencia de “centros ilegales de detención”, porque al menos mil 127 personas permanecieron detenidas en cárceles de la Policía.

Otro aspecto que se señala como defectuoso es la ausencia de coordinación interinstitucional para la investigación criminal, además de la falta de acceso a la justicia por la cobertura geográfica limitada del sistema.

Por último recuerda que la debilidad generalizada de las instituciones obedece a los constantes cambios de funcionarios, que impiden continuidad en las políticas y programas.

Monge explicó que el informe fue entregado previamente al Gobierno, que estuvo de acuerdo con su contenido.

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