Crear un impuesto para la telefonía celular sería un grave error de la administración del presidente Álvaro Colom, porque podría dañar un sector importante para la economía, consideran analistas económicos y jefes de las bancadas del Congreso.
Un punto de coincidencia es que el mundo atraviesa por una crisis que ha generado una contracción drástica en la economía, por lo que crear un impuesto a un sector que genera más de 150 mil empleos directos e indirectos y permite la comunicación entre personas de diferentes ingresos, incluso para hacer negocios, generaría graves consecuencias económicas en todo el país.
“La telefonía celular la utiliza desde un comerciante del área rural, hasta un empresario de las cúpulas más altas”, manifestó el analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), Pedro Prado, quien, además, considera que el Gobierno debe enfocarse en impulsar las medidas fiscales que se contemplaron desde el principio en el paquete de tributación indirecta que está pendiente de aprobar en el Congreso.
Mientras que el director del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Jorge Lavarreda, recomienda que se busque la coyuntura económica adecuada para impulsar nuevos tributos, pues debe hacerse con una perspectiva de más largo plazo y no coyuntural. “Una decisión de este tipo puede elevar los ingresos por un corto tiempo, pero podría dañar otros impuestos”, expone Lavarreda.
“Poner un impuesto a la telefonía es muy sencillo para el fisco, porque son pocas las operadoras que tiene que fiscalizar, pero la salida del problema es atacar a los evasores, al contrabando y a la economía informal”, argumentó el vicepresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Carlos Amador.

En discusión
La preocupación para el presidente de la Gremial de Telecomunicaciones, Erwin Solares, se fundamenta en una posible reducción de la demanda del servicio. A su criterio, las autoridades deben analizar bien el tema para “no cometer errores involuntarios”.
La discusión se generó después de que el director del Programa Nacional de Emergencia y Recuperación Económica (PNERE), Marco Vinicio Cerezo Blandón, declaró a Siglo Veintiuno que se analiza la creación de un tributo de Q0.10 por minuto, con el fin de incrementar la recaudación en 2010. No obstante, el ministro de Finanzas Públicas, Juan Alberto Fuentes Knight, aseguró que se trata sólo de una opinión técnica de Cerezo y que el Gobierno no está contemplando la creación del nuevo impuesto.
La sombra de una propuesta añeja, que no prosperó durante la gestión de Alfonso Portillo, también causó rechazo en el Legislativo. Desde principios de año el Gobierno impulsó una serie de reformas fiscales, las cuales no llegaron a convertirse en ley.
Varios jefes de bloque opinan que, principalmente por la crisis económica, de la cual Guatemala no es ajena, este no es el momento político para crear un nuevo impuesto, y coinciden en que el Gobierno debe centrarse en otras medidas que ya se han propuesto (lea: Un error político).

OPOSICIÓN ECONÓMICA
Analistas y empresarios adversan la propuesta.

“El Gobierno tiene que enfocarse en atacar el contrabando, la economía informal y la evasión.”
Carlos Amador,
vicepresidente del CACIF

“La telefonía celular la utiliza desde un comerciante del área rural, hasta un empresario de la cúpula.”
Pedro Prado,
analista de Asíes.

“Una decisión de este tipo puede elevar los ingresos por un corto tiempo, pero podría dañar otros impuestos.”
Jorge Lavarreda,
CIEN.

10
CENTAVOS DE QUETZAL
es el monto del tributo, según lo adelantó Marco Cerezo B., que estarían analizando imponer.

14.9
MILLONES
es el monto del tributo, según lo adelantó Marco Cerezo B., que estarían analizando imponer.

fuente: sigloxxi

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