El Ministerio de Finanzas buscará en el 2011 reforzar los intentos por contener el nivel de deuda flotante —contratación de obra sin tener un presupuesto asignado—, para lo cual introdujo varias normativas en el proyecto de Presupuesto.

En el plan de gastos y egresos del Gobierno —presentado el 2 de septiembre en el Congreso— se contempla una prohibición para suscribir convenios de construcción de obra física, sin que tenga el respaldo financiero definido, con el objetivo de evitar un súbito aumento de ese tipo de deuda.

“Hay que evitar que siga creciendo la bola de nieve”, dijo Édgar Balsells, ministro de Finanzas, al explicar el nivel de este tipo de endeudamiento ilegal dentro de la administración pública. En la actualidad, ese nivel de deuda varía entre Q500 millones y Q1 mil millones.

El funcionario detalló que esta práctica fue detectada en el 2010, sobre todo en el Ministerio de Comunicaciones y el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz).

Si bien la propuesta no es nueva, ya que desde mayo último está vigente el decreto 19-2010 sobre Disposiciones de apoyo financiero y transparencia fiscal, que norma este tipo de gastos, la misma ahora está contenida en el proyecto de Presupuesto de Q52 mil 960 millones.

Álvaro Mayorga, vicepresidente de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), calificó como positiva esta medida, ya que está dentro de la lógica de gasto. Sin embargo, dijo que el Ministerio de Finanzas debe mantener y respetar la fuente de financiamiento.

“De nada sirve poner Q3 mil millones de presupuesto si la fuente de financiamiento no da certeza de pago y es ahí donde va a generar deuda y arrastre”, explicó.

El empresario señaló que este fue el caso del 2010, cuando se fijó un presupuesto de Q5 mil millones y se tuvo que realizar la emisión de bonos del tesoro para completar el presupuesto al Ministerio de Comunicaciones.

Los datos más recientes de la CGC señalan que la deuda acumulada supera los Q1 mil 500 millones, de los cuales Q800 millones corresponden a la Dirección General de Caminos; Q400 millones, al Fondo de Conservación Vial, y Q400 millones, generados por la tormenta Ágatha.

Más regulaciones

Otra de las normas planteadas es que previo a adquirir compromisos y suscribir contratos, las entidades del Estado deben extender constancia de disponibilidad presupuestaria que garantice que existe crédito.

Según Balsells, la constancia debe aprobarse a través del Sistema de Gestión y será entregada al proveedor o contratista y al funcionario que suscriba el contrato.

Marvin Flores, analista en transparencia de Acción Ciudadana, indicó: “Guatemala está llegando al límite de deuda derivado de no transparentar el gasto y darle un uso adecuado”.

Te gusto? compartelo: