El ex presidente Alfonso Portillo será extraditado a Estados Unidos para que sea procesado por el delito de conspiración para el lavado de US$70 millones en la banca de ese país, luego que el Tribunal Quinto de Sentencia dio con lugar a la solicitud de extradición.

El Tribunal aceptó el pedido estadounidense, luego de escuchar los argumentos a favor y en contra del reclamo de Estados Unidos en una jornada marcada por amenazas.

La secretaria de dicho tribunal dio lectura a la parte resolutiva del fallo, donde argumentó la validez de las pruebas aportadas por el Ministerio Público; sin embargo, el expresidente tendrá primero que solventar su situación jurídica por el caso de peculado en Guatemala, y luego será extraditado.

El presidente Álvaro Colom ratificó hoy que avalará la extradición si la justicia le envía el expediente, por respeto a la independencia de poderes.

La jornada de Portillo comenzó antes de las 6 horas, cuando un vehículo blindado llegó por él al Centro Preventivo de Varones de la zona 18, donde guarda prisión.

Antes de las 9 horas ya estaba en la Torre de Tribunales, con traje formal y sonriente a los numerosos reporteros y fotógrafos que lo siguieron a cada paso.

La audiencia comenzó después de las 9.30 horas, pero unos 20 minutos después hugo una llamada al tribunal en la cual se lanzó la amenaza de muerte contra los familiares de los jueces si éstos no suspendían la audiencia, como lo había pedido poco antes el defensor Telésforo Guerra, pero la jueza Ríos no accedió.

Sin embargo, unos 10 minutos después se reanudó la audiencia, luego de que los jueces contactaran a sus familiares.

El primero en tomar la palabra fue el Ministerio Público (MP), que mencionó el protocolo entre Guatemala y Estados Unidos para formalizar el pedido de extradición de Portillo para que responda allá por el delito de lavado de dinero.

La defensa, en voz del abogado Telésforo Guerra, alegó que la acusación tenía errores como el hecho de que el delito de lavado de dinero no está tipificado en el tratado de extradición entre Guatemala y Estados Unidos de 1903 y ampliado en 1940, o en todo caso ya prescribió.

Por su parte, Portillo señaló que el caso es una “burda maniobra” de Estados Unidos porque la acusación en su contra no especifica cuentas, fechas, ni transacciones con las cuales lo implican en el lavado de US$70 millones.

En su intervención, Portillo señaló que Estados Unidos pretende vengarse de él porque no respaldó la invasión a Irack en 2003 ni accedió a firmar un acuerdo en el cual presuntamente quedarían libres de culpa los militares norteamericanos en caso de que ejecutaran operaciones en Guatemala.

Alegó que el caso es una persecución política en su contra desde la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el embajador estadounidense Stephen McFarland, que se intrometen en el país y “pisotean y debilitan” el estado de Derecho.

En su declaración al tribunal, el ex mandatario rechazó la acusación en su contra porque consideró que el delito de lavado de dinero no cabe en su caso, porque el dinero en cuestión -US$70 millones- tienen una fuente de origen -la embajada de Taiwán, el Crédito Hipotecario Nacional y el Ministerio de la Defensa- y un destino, su primera esposa y su hija, tomando en cuenta que el blanqueo se tipifica cuando las fuentes están ocultas.

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